El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló el 23 de febrero, que los menores de edad fueron “las principales víctimas del conflicto armado” y que el alto tribunal investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables del reclutamiento de niños y adolescentes.
Según el magistrado Cifuentes los niños fueron incorporados directamente en la confrontación armada, pero también fueron usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales.
Además, luego del reclutamiento en algunos casos, las familias fueron estigmatizadas y, según denuncian, violentadas por miembros de otros grupos que los señalaban por tener parientes que hacían parte de las filas de ‘sus enemigos’. Por ejemplo, los niños que fueron llevados por guerrillas, sus familias recibían ataques de la fuerza pública y los paramilitares.
De acuerdo, con información reciente las Farc uso el reclutamiento de menores como una política de grupo, incluso, tenían hasta cartilla con instrucciones, además, habría sido la organización que más captó niños y jóvenes en sus filas, seguida de los grupos paramilitares de autodefensas (27%) y el Eln (10%).
La JEP, estudia un promedio de 8.000 hechos relacionados con esta práctica, que ocurrieron entre el primero de enero de 1971 y el primero de diciembre de 2016. Además, estudian otros delitos relacionados con la reclusión de niños y niñas, como torturas, homicidios, desplazamiento forzado, violencia sexual, desaparición forzada entre otros.
Además, estableció que entre 1997 y 2000 fue la época en que se registraron más casos de reclutamiento forzado de menores, que el 69% de estos hechos son responsabilidad de las Farc y por eso han sido vinculados a la investigación 37 exjefes de esta agrupación guerrillera.
Por su parte sobre este el macrocaso 07, la magistrada Andrea Rueda, explicó que a la fecha se han “incorporado al expediente 32 informes que fueron presentados por organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas y de otras corporaciones del Estado colombiano”.
En su informe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) reveló que en sus archivos reposan 6.931 expedientes que documentan casos de reclutamiento forzado; de esos, 3.878 corresponden a las Farc. Para el Icbf, esta fue una práctica sistemática y oficializada desde el secretariado de esa organización.
Otra de las organizaciones que entrego un informe fue la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico).
Según explicó Juan Manuel Martínez Ramírez, abogado del equipo jurídico de la secretaría técnica de Coalico, a el diario El Tiempo, esta plataforma ha logrado documentar casos que dejan ver que, presuntamente, el fenómeno del reclutamiento de menores se presentaba de forma generalizada en las unidades militares de las Farc: no fue una práctica que se diera en un solo bloque o frente.
El informe da cuenta de nueve casos, la cifra de menores reclutados desaparecidos es muchísimo mayor. De hecho, de las 167 víctimas acreditadas en el macrocaso 07, 96 son representadas por Coalico y, de ellas, el 47 por ciento (45 casos) corresponde a personas que siguen buscando a sus familiares dados por desaparecidos.
Por ahora, en el Macrocaso han comparecido 6.109 ex integrantes de las Farc-EP, 147 terceros civiles, 86 agentes del Estado y 409 integrantes de la fuerza pública.
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