Juliette de Rivero, la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, denunció que desde el organismo internacional identificaron que la ola de violencia en Colombia sigue creciendo y que es preocupante cómo existe una mayor crisis en seis zonas del país, en donde los habitantes están viviendo amenazas constantes, los acechan los grupos ilegales y los jóvenes están siendo reclutados para participar actividades delincuenciales.
Según la entidad se identificó una mayor ola de violencia a lo largo del 2020 debido a las diferentes alertas que envío la Defensoría del Pueblo y demás entidades de protección de derechos humanos. En una entrevista con RCN Radio, la mujer aseguró que el Gobierno no está tomando las acciones necesarias para proteger la vida de los ciudadanos.
“Es difícil escoger un departamento. Realmente hemos visto que son más o menos seis los más afectados por esta violencia (...) son lugares dentro de esos departamentos y estamos hablando sobre todo de Nariño, Putumayo, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander”, confirmó la funcionaria.
Rivero también habló sobre el informe anual de la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), que publicó la actividad y donde se encontraron cifras alarmantes frente a los que está pasando en Colombia en cuanto a violencia, “durante el 2020 se produjeron 76 masacres en Colombia que dejaron 292 personas asesinadas, incluyendo 6 niñas y 18 niños”, confirmó
Razón por la que mencionó que es momento de que el Gobierno vea la importancia de la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz “es momento de que el estado a preserve la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, como una contribución esencial a una paz sostenible y sudadera”, aseguró Rivero.
Además, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU recibió información de que se presentaron 795 amenazas y agresiones a defensores de Derechos Humanos, de las cuales el 44 % se produjeron en zonas rurales y el 14 % en Bogotá, siendo esta ciudad y el Cauca, las regiones donde más casos se produjeron el año pasado.
En cuanto a la cifra de falsos positivos que reveló la JEP el 18 de febrero, cuando confirmó que se elevó a 6.402 víctimas de “falsos positivos”, como son conocidas la ejecuciones extrajudiciales o asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, en el período de 2002 o 2008, rango de investigación priorizado por el mecanismo, la funcionaria confirmó que sospechaban de que los casos podían aumentar porque todas las personas no han denunciado.
“El registro que teníamos nosotros de falsos positivos en el 2015 era de más de 4.300 víctimas y pensábamos que era un subregistro de víctimas, porque no todos los casos habían sido denunciados”, manifestó en RCN Radio.
En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de Derechos Humanos, de los cuales han podido verificar 90. Sin embargo, el Gobierno solo reportó 66, por lo que pidieron explicaciones de esa reducción en el reporte.
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