El exsecretario de la JEP pidió anular el proceso por el caso de los permisos de salida del país de ocho miembros de las Farc

Este jueves 25 de febrero, el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz Néstor Raúl Correa habló ante la Procuraduría segunda Delegada para la vigilancia Administrativa. Allí dio su versión sobre el proceso de los permisos de salida del país de algunos exmiembros de las Farc, ahora Partido Comunes, en 2018.

En el 2019, Correa recibió una sanción de cinco meses de suspensión por el Ministerio Público, pues consideró que se había extralimitado en sus funciones al dar esas autorizaciones a los exguerrilleros para que salieran del país.

Correa inició diciendo que estaba feliz por el cambio de procurador General de la Nación y del procurador que llevaba su caso, pues considera que ahora sí hay “garantías” y añadió que debido a los señalamientos no ha podido conseguir un trabajo estable.

Dijo que creyó tener posibilidad de trabajar con la nueva procuradora General, Margarita Cabello, cuando era ministra de Justicia, pues ya lo habían hecho juntos en el pasado, pero que no pudo por el señalamiento en su contra, reveló El Tiempo.

Para Correa han sido tres años de una “película de terror dilatada en el tiempo” y dijo que él no hizo nada de lo que lo acusa el ente de control.

En la audiencia virtual, Correa narró que en un principio se desempeñaba como magistrado de la Judicatura, donde tenía fuero y un mejor salario, según él, y que para 2016 fue llamado por el Gobierno para ser secretario Ejecutivo de la JEP.

Añadió que, le entregaron “una hoja de papel que decía acuerdo de paz y la instrucción de crear la institución y al mismo tiempo operar”

Insistió además en que, 2017 fue uno de los años más eficientes de la jurisdicción y que lo hizo solo con el 4 % del presupuesto que en la actualidad tiene el tribunal espacial de paz

“5.604 actas para que los guerrilleros se sometieran a la JEP, eso es el 57 por ciento de todas las que se han firmado hasta la fecha; otorgué libertad a 1.100 militares, yo liberé el 82 por ciento del total; libertades a las Farc otorgué 3.000, el 95 por ciento. En resumen, la eficiencia mía en un solo año fue muy superior a la de la JEP en sus dos años siguientes. Yo le cumplí al país, me salí de un cargo a otro más difícil y lo hice bien”

Sobre las acusaciones en su contra, Correa dijo que en medio de todas esas órdenes llegó a plasmar su firma en 5.000 actas.

“La única forma posible es que yo las firmaban en blanco y se las entregaba a mis compañeros de trabajo, ellos iban a las cárceles y allá llenaban el acta con los datos del guerrillero o el militar, según el caso, cuando ya estaban en libertad, iban a la JEP”.

Aseguró que, como el permiso para viajar al exterior era más delicado diseñó una ruta para concederlos y para que no fueran a hacerse sin su autorización.

Contó que sobre los ocho excombatientes de las Farc que salieron del país, lo hicieron sin su conocimiento y gracias a la ayuda de dos personas que trabajaban con él.

Dijo que una vez conocida las irregularidades habló con la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares. “La doctora Linares sabía perfectamente que yo no di esos permisos y, sin embargo, me denunció”, aseguró Correa.

Así las cosas, Correa solicitó anular la actuación en su contra o que se archive el proceso y dijo que hubo presuntas irregularidades en el Ministerio Público.

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