Carta abierta al presidente Duque, así esté comprometida la responsabilidad de su mentor político

Señor Presidente de la República:

Hace una semana el país conoció que durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008, al menos 6.402 personas fueron asesinadas por el Ejército para ser presentadas como “bajas en combate” en todo el territorio nacional. Esto significa que durante seis años de los gobiernos del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, cada dos días un joven fue arrebatado de su hogar para ser manipulado, disfrazado y vilmente asesinado como parte de esta estrategia.

Debo recordarle que las víctimas de las instituciones y los agentes estatales, hemos tenido que recorrer un arduo camino para que se reconozca nuestra existencia, como después de muchos esfuerzos se hizo en la ley 1448 de 2011.

El gobierno del ex presidente Uribe no solo se opuso a ese reconocimiento normativo, sino además en forma arbitraria se negó a tipificar crímenes que comprometen la responsabilidad oficial, buscó desconocer la existencia del conflicto armado, de los nexos probados entre instituciones estatales y estructuras paramilitares, perseveró en intentar eliminar de la memoria colectiva el carácter sistemático de todas esas prácticas, condecoró y envió a cargos diplomáticos a violadores de derechos humanos.

Usted ha repetido esas fórmulas. Designó a un académico negacionista como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. A lo largo de su mandato, no solo no ha condenado los crímenes de Estado, sino que ha hecho de ellos una infame disputa estadística, como lo demostró el hecho de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no quiso aceptar que en Colombia se cometió un genocidio político contra la Unión Patriótica, y solo reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 219 víctimas de este exterminio, cuando entidades del mismo Estado colombiano han reconocido al menos 4.153 asesinatos en este caso.

Para el gobierno lo importante es que se diga homicidio colectivo, no masacre; considera que la actividad ilegal practicada desde aparatos de inteligencia y la violencia policial ante las protestas sociales es cuestión de “manzanas podridas” dentro de las instituciones; presiona a la Jurisdicción Especial para la Paz para que no escuche a los ex jefes paramilitares y cuando se refiere a sus decisiones, sus únicos reclamos conciernen a las víctimas de la guerrilla, así como a los deberes de verdad y reparación que tienen quienes fueron sus dirigentes, pero no dice una sola palabra de los máximos responsables de los crímenes que se cometieron, por ejemplo, bajo la ‘seguridad democrática’.

Su deber constitucional es no discriminar a las víctimas, y tampoco reclamar justicia selectiva para solo un sector de los responsables.

Señor Presidente:

Esta tragedia, que indigna a la comunidad nacional e internacional, no le ha merecido a usted una sola condena pública, un mensaje de consideración a las víctimas, y mucho menos, como debería hacer por su condición de Jefe de Estado y comandante de la Fuerza Pública, una solicitud solemne de perdón a las 6.402 madres y familias que aún lloran a sus hijos y que claman verdad y justicia.

Ha llegado el momento de que usted reconozca a las víctimas de crímenes de Estado. Lo mínimo que debería hacer, independientemente de que las responsabilidades que puedan derivarse de estas investigaciones comprometan a su mentor político, es pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado colombiano y dejar de interferir en la independencia de la JEP.

IVAN CEPEDA CASTRO

Senador de la República