Líderes sociales de Risaralda están siendo amenazados por defender minería artesanal

Los mineros artesanales de Quinchía, municipio del departamento de Risaralda, llevan varios meses protestando porque el Gobierno nacional quiere privatizar la actividad, que es el único sustento económico de las familias del sector.

Este miércoles, 24 de febrero, los afectados denunciaron que ya están viendo las consecuencias de alzar su voz: dos de los líderes de esta población están siendo amenazados y no hay un esquema de protección que garantice su vida.

En las últimas horas, Esaú Mora, líder minero, y Edith Taborda, gobernadora del resguardo indígena embera karambá, donde se lleva a cabo la actividad, han recibido mensajes intimidantes en su celular. Los atacantes les manifiestan que están “obstruyendo el progreso del pueblo” y por eso recibirán un balazo.

“Nosotros hemos estado haciendo plantones con apoyo de los indígenas. (...) Esta semana cerramos una vía terciaria y a la Gobernadora del resguardo la amenazaron, diciéndole que se vaya, que ya huele a muerto; yo sigo amenazado ahí también. A mí me dijeron que me cogen en la carretera, me quitan el chaleco y me pegan un pepazo en la frente y listo”, contó Mora.

Las autoridades locales y nacionales ya están al tanto de la situación y aseguran que están investigando quienes están amenazando a los líderes, pero todavía no hay ni siquiera hipótesis al respecto. Así mismo, prometieron que la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encargaría de protegerlos, pero hasta el momento no hay acciones concretas que garanticen sus derechos.

Los defensores de la minería artesanal solo son monitoreados una vez a la semana por la Policía, el resto del tiempo deben vivir su día a día con el miedo a morir violentamente, sin que nadie los ayude.

“La vuelta aquí está dura porque no nos quieren escuchar y no nos vamos a dejar sacar de aquí tampoco. Yo tengo un policía que me llama una vez a la semana, la Gobernadora sí tenía un esquema de seguridad con dos escoltas y se los retiraron. A mí esta semana dizque me llevaban un chaleco antibalas y por acá no ha llegado nadie con esa vaina”, denunció Mora.

Los mineros artesanales de Quinchía esperan que las autoridades tomen acciones más fuertes que ayuden a proteger sus vidas y que se establezca un diálogo para llegar a un acuerdo frente a su situación laboral. Recientemente se conoció que, además de las amenazas violentas, 2500 personas estarían en riesgo de ser desplazadas como consecuencia de un operativo de desalojo que ordenaría el mismo Gobierno.

Según la versión de los locales, una empresa minera extranjera está incursionando en la zona y se “siente amenazada” por las labores de extracción informal que adelanta la población. Ante el hecho, la Agencia Nacional Minera (ANM) estaría pensando en ordenar una Acción de Amparo Administrativo, que obligaría a los trabajadores artesanales a desocupar el espacio.

“La Agencia Nacional de Minería nos visitó de manera preventiva para analizar cuál era la situación, beneficiando a la empresa extranjera minera. Lo malo es que, si ellos hacen un operativo de desalojo, estarían entregando nuestros años de trabajo, nos dejarían sin un sustento que llevar a nuestras casas; con esto terminaría desplazando no sólo a nosotros sino también a nuestras familias, pues nos quedamos sin trabajo, pero también sin donde vivir”, aseguró Mora.

Quinchía es uno de los territorios en Risaralda con mejores condiciones para desarrollar la extracción de minerales. Cientos de familias dependen de esta actividad, por eso aseguran que están dispuestos a dejar de bloquear vías y protestar en la calle si las autoridades crean una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo justo, que beneficie al Estado, la comunidad y la empresa privada.

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