“La propuesta de abolir la JEP es una seria amenaza a los derechos de las víctimas”: ONU

La representante de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, aseveró que la propuesta de un sector político del país de abolir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una amenaza para los derechos de las víctimas.

“La abolición propuesta de la JEP en reformas legislativas presentadas en el Congreso en octubre constituye una seria amenaza a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, aseguró Juliette de Rivero durante la presentación del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Durante su intervención, la representante expuso la preocupación que existe por las seis masacres “registradas y confirmadas” por Naciones Unidas, perpetradas en el territorio nacional durante lo corrido de este año, que se suman a las 76 registradas por la organización durante el año anterior.

A la vez que exhortó al Estado colombiano a “preservar la autonomía e independencia” de los tres organismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (Sivjrnr), como un aporte a la construcción de una paz “sostenible y duradera” para el país.

Por otra parte, Juliette de Rivero sugirió aunar los esfuerzos necesarios para la implementación de los puntos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, que fue firmado el 12 de noviembre de 2016, destacando del compromiso y la valentía de quienes adelantan esfuerzos para que se conozca la verdad y reconociendo los avances en el proceso.

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En el caso de los tres órganos que conforman el Sistema Integral - la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas - la representante indicó que, a Naciones Unidas le “preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte del Sistema Integral, poniéndolas en riesgo”.

Asimismo, la oficina de la representante de la Alta Comisionada destacó los avances de la JEP en las investigaciones relacionadas con el caso 03 que corresponde a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y la imputación a los exmiembros del Secretariado de la guerrilla de las FARC.

“La ausencia del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de proteger la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia de las comunidades y la participación en grupos más vulnerables”, Indicó Juliette de Rivero.

La portavoz también evidenció la preocupación de la ONU frente la ausencia de acciones en la implementación de una política enfocada en la desarticulación de las bandas criminales en el país, especialmente, aquellas denominadas herederas del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Por último, la ONU indicó que los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Antioquia y Norte de Santander, en los que habitan poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, son algunas de las regiones más afectadas por la violencia.

“Para luchar contra la impunidad de estos casos y obtener justicia, su contribución es esencial, para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación”, concluyo la ONU frente a la labor de las ONG y de las víctimas.

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