En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

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Bogotá. Marzo 25 del 2020.
Bogotá. Marzo 25 del 2020. Los habitantes de calle integran uno de los grupos poblaciones más vulnerables en esta época de aislamiento. (Colprensa - Camila Díaz)

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

<b>Datos alarmantes</b>

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

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