200 mil millones de pesos costaría realizar las revocatorias presentadas hasta ahora en Colombia

Desde finales de 2020 se vienen gestando y presentando ante la Registraduría Nacional del Estado Civil algunas propuestas de revocatorias de mandato principalmente contra alcaldes de las ciudades más importantes del país. En casos puntuales, los alcaldes de Medellín, Cali y Bogotá ya han tenido que enfrentar audiencias con los promotores de estas iniciativas ciudadanas. Sin embargo, hasta ahora se conoce desde la misma Registraduría que estos procesos podrían costarle al país cerca de 200 mil millones de pesos. Por ahora, las revocatorias están congeladas.

En una entrevista con El País de Cali, Nicolás Farfán, delegado en lo Electoral de la entidad indicó que hasta ahora ninguna solicitud de revocatoria ha cumplido con todos los requisitos necesarios para iniciar su proceso. Entre ellos está el registrar su solicitud, luego hacer un reconocimiento del comité promotor y del vocero; en tercer lugar realizar la audiencia pública en la que el mandatario y el comité expresen sus argumentos.

Después vendría la entrega de formularios para que recojan las firmas, pero solo sí los puntos anteriores se cumplen al pie de la letra. Sin embargo, por ahora todos los más de 50 procesos están congelados porque se espera el pronunciamiento del Ministerio de Salud para entregar estas actas ya que ellos deben aprobar si es bioseguro hacerlo y cómo garantizar las medidas que eviten el contagio del covid-19.

Farfán especificó que el valor de las 54 iniciativas que había cuando se hizo el cálculo, teniendo en cuenta sus respectivos procesos de votación, podrían superar los 20 mil millones de pesos, pero también dijo que el valor se podría elevar ya que ahora hay 65 iniciativas de revocatorias en otros lugares del país. Por otro lado el funcionario dijo en pocas palabras que el plazo para revocar a un alcalde es hasta junio de 2022 teniendo en cuenta que el periodo máximo para hacerlo son 18 meses antes de culminar su mandato, según la ley 1757 de 2015, aseguró al diario.

A partir de la entrega de las actas para recoger firmas, los promotores tienen hasta seis meses para entregar el total de lo firmado y se podría extender hasta tres meses más por casos de fuerza mayor que evalúe y apruebe el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso de revocatoria debe tener unos mínimos, explicó Farfán. Por ejemplo, para iniciarlo debe tener el apoyo de al menos el 30 por ciento de los votos que eligieron al mandatario (claramente deben ser personas pertenecientes al municipio donde se eligió) y para revocarlo en las urnas, es necesaria la mitad más uno del votos siempre y cuando las personas que salgan a votar ese día representen al menos el 40 por ciento de la votación que eligió al alcalde o alcaldesa.

En esta entrevista de El País, el funcionario indicó que desde el inicio de la pandemia han muerto cuatro alcaldes en el país por covid-19. Entre ellos el de Urrao y Taraza en Antioquia y los de Repelón, Atlántico, y Tenerife, Magdalena. Para estos casos se adelantarán elecciones atípicas que también regirán en mandato hasta 2023, al igual que los demás.

En el diario La Vanguardia, la Registraduría especificó que en las ciudades principales sale más costoso realizar este tipo de comicios por la cantidad de personas, pero que en los municipios más pequeños se presentan retos diferentes como las vías de acceso y los temas de seguridad. Adicional, explicó la entidad que el 90 por ciento de revocatorias se tramitan en estas zonas.

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