Organizaciones sociales le piden a la ONU que intervenga en Ituango por violencia armada

De acuerdo con información del Nodo Antioquia de la Coordinación Europa y Estados Unidos y organizaciones sociales del Proceso Social de Garantías, la violencia en Ituango, Antioquia se encuentra en su punto máximo ya que en esta parte del país se encuentran en constantes enfrentamientos los paramilitares de los bloques de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Clan del Golfo contra las disidencias de las FARC.

La situación está en un punto crítico ya que, además de la violencia, los diferentes grupos armados han impuesto medidas de confinamiento en zonas urbanas y veredales. Por ejemplo, los ciudadanos del norte del Antioquia no pueden salir de sus hogares durante doce horas, es decir, entre 6:00p.m y las 6:00a.m..

“El temor sigue profundizándose por la existencia de campos minados y la presencia de grupos armados que controlan todo a su paso”, denunciaron dichas organizaciones sociales. Frente este miedo que atraviesa la población paisa, se le hizo un llamado a António Guterres, secretario general de la ONU, a Juliette de Rivero, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos; y, por último, a Jozef Merks, alto comisionado de la ONU para los refugiados en Colombia, por medio de una carta.

En la misiva se denuncia la falta de protección a los derechos humanos de la población de Ituango, la falta de presencia del Estado colombiano y las acciones que están tomando los grupos armados que se encuentran controlando todo según sus intereses.

Según los voceros de estas dos organizaciones, Ituango se encuentra en una crisis humanitaria sin control que ha provocado desplazamientos masivos. Ante estos sucesos, la respuesta por parte del Gobierno Nacional a la llamada de la población ha sido nula y esto ha causado que no haya garantías.

Hace ochos días exactos, en Ituango, hubo un desplazamiento forzado masivo. Fueron 250 las que dejaron su hogar y algunos familiares por los mencionados ya encuentros bélicos entre diferentes bandos de los grupos armados.

“La situación es aterradora; hay cientos de familias sufriendo en el pueblo y otras cientos caminando porque los paramilitares, para intentar evitar los desplazamientos, amenazaron a la empresa de transporte”, comentó la semana pasada la defensora de derechos humanos Isabel Cristina Zuleta en una entrevista para el periódico El Espectador.

Por otro lado, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter y dijo que: “Según nuestras fuentes en la zona, las disidencias están obligando a la población a desplazarse y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –la estructura armada ilegal con mayor presencia en Colombia– amenazan con prender fuego a las viviendas de quienes se desplacen”.

Por parte del Nodo Antioquia del CCEEU y el Proceso Social de Garantías se estima que las víctimas son más de las que se contabilizaron la semana pasada. “Ese desplazamiento constituyó una victimización de 510 personas en condición desplazamiento forzado: niños, niñas, adultos mayores enfermos que esperan respuestas claras por parte de la Alcaldía local, las autoridades departamentales y nacionales”, agregaron las organizaciones en la misiva.

Por último, en la denuncia se aclara que se está realizando esa carta para que quede constancia se los sucesos, “dejamos constancia de la crisis que padecen estas comunidades, responsabilizamos al Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y al presidente Iván Duque Márquez por su papel sistemático de omisión a los escenarios de consumación de riesgos advertidos en las alertas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que datan de 2017, 2018 y 2020. Solicitamos a la ONU para que insten al presidente y al gobernador de Antioquia para que atiendan de manera responsable y urgente esta crisis humanitaria”.

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