Organizaciones de Derechos Humanos temen por el regreso de los falsos positivos en Antioquia

Diferentes organizaciones de Derechos Humanos de Antioquia enviaron una alerta pública pues creen que la seguridad de las comunidades civiles en las veredas San Pablo, El Caney, La Pradera y La Irlanda, de los municipios de Campamento, Guadalupe y Anorí, en límites del norte y nordeste del departamento están en riesgo por la presión que el Ejercito está ejerciendo sobre los habitantes.

Según las denuncias de los campesinos, las tropas del Batallón Cacique Nutibara han intimidado a los jóvenes de la comunidad para que den información del paradero de alias ‘Cabuyo’, máximo cabecilla del frente 36 de las Farc a quien buscan desde hace varios meses. Inclusive, aseguraron que los soldados se metieron a la fuerza al hogar de una mujer, madre de una niña de 2 años, a quien acusaban de haber tenido una relación con el jefe criminal.

En una entrevista con Blu Radio, Óscar Yesid Zapata, vocero de la ONG Proceso Social de Garantías, aseguró que lo que le da miedo a la comunidad y los diferentes líderes sociales es que, las diferentes intimidaciones a la comunidad terminen en nuevos falsos positivos. Que asesinen a alguno de los jóvenes y lo hagan pasar como alguien que tenía nexos con ‘Cabuyo’.

“Las comunidades advierten que posibles hechos como los ocurridos el 25 de febrero de 2020, en donde en extrañas circunstancias es desaparecido y posteriormente asesinado Didian Erley Agudelo Agudelo”, mencionó el hombre.

Por su parte, el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, negó que hubiesen presiones sobre la comunidad, pero exigió denuncias formales para investigar internamente si algunos de sus hombres están cometiendo algún delito.

Ricardo Abel Ayala, alias ‘Cabuyo’:

Cabuyo’ se hizo conocido por ordenar la toma de un campamento de la multinacional Continental Gold en el corregimiento de Ochalí, en Antioquia, donde se realizaban exploraciones mineras, y que condujo al asesinato de tres jóvenes geólogos. Para entonces ya era buscad por comandar las disidencias del Frente 36 con 200 hombres y bajo alianzas con bandas del Bajo Cauca y el Valle de Aburrá. Pero luego del crimen las autoridades aumentaron a USD 86.219 la recompensa por su cabeza.

El hombre de 40 años controla cultivos ilícitos y explotación ilegal de oro. Ingresó a las FARC en 2010, donde manejó las finanzas del frente Gerardo Torres. Cuando iniciaron las negociaciones de paz fue nombrado representante del plan piloto de desminado humanitario en Briceño, Antioquia, pero pronto se alejó del proceso. Actualmente libra una batalla territorial con el Clan del Golfo por el control de las retas ilegales del departamento.

El jefe de las Farc tendría estaría a cargo de, al menos, unos 150 hombres armados en los municipios de Ituango, Valdivia, Campamento y Tarazá, en el norte del departamento de Antioquia, donde se concentran cultivos de coca, rutas de narcotráfico y minas ilegales.

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