La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el pasado 18 de febrero que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008 en un comunicado. El mismo periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia.
“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, comentó la Jurisdicción.
Según el documento son seis los territorios en general donde se dieron la mayoría de los casos, estos son el Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, sin embargo, el 66% del total de víctimas se presentó en 10 departamentos de los 32.
Los “falsos positivos”, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios. Además, la noticia provocó que se avivara nuevamente la discusión sobre los responsables de estos crímenes que se cometieron en medio del conflicto armado que para muchos es sólo información que tiene un sesgo ideológico.
Ante la versión que entregó Álvaro Uribe Vélez, donde aseguró que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate”, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), desmintió al político y lo acusó de querer distorsionar la historia de los falsos positivos a través de su cuenta de twitter.
En el hilo de twitter el director de HRW comenzó anotando “1) Uribe dice que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate”. Falso. Hubo directivas que otorgaban recompensas y hay evidencias claras de estos pagos. Vean estos testimonios y fragmentos de libros militares de la época”, junto al mensaje anexo imágenes de algunos documentos y continuó con 8 pruebas más.
En entrevista con Caracol Radio Vivanco, aseguró que “no tengo la más mínima simpatía, repudio el actuar de este grupo armado, desprecio total por su récord de atrocidades”.
Además, reiteró su rechazó ante estos casos y manifestó que las cifras presentadas por la JEP, demuestran que la política de seguridad democrática se tradujo en bajas que constituyeron asesinatos a sangre fría de civiles inocentes, a los que engañaron con una oferta de un trabajo.
La política de seguridad democrática fue una política gubernamental que propuso Uribe en el periodo de 2002 a 2010 y planteaba la necesidad de fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo la sociedad debía colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley.
Por otro lado, el director de HRW, refiriéndose a las victimas de esta política señaló que “Los disfrazaban y montaban una escena del crimen para decir que se trataba de guerrilleros. Los que lo lograban, aseguraban ascensos, vacaciones, promociones e incluso dinero. Hemos estudiado los falsos positivos a fondo, y no hay ejemplo similar en el mundo”.
José Miguel Vivanco reiteró que los falsos positivos se cometieron de forma sistemática, generalizada y comprometen a todas las divisiones del Ejército de Colombia. Además, que todo fue para inflar cifras y favorecer la percepción de ‘seguridad’.
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