Este martes 23 de febrero, se conoció que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) dio diez días de plazo al exgobernador de Sucre Salvador Arana para modificar el plan que presentó de reparación, pues analizó las observaciones que hicieron las víctimas y llegó a la conclusión que esta no llenaría las expectativas de los magistrados, de acuerdo con lo conocido por W Radio.
De acuerdo con el tribunal especial, el listado de testigos que presentó Arana – entre los que están sus escoltas- no aportarían nada nuevo a los hechos de violencia paramilitar en los que está involucrado y que aterrorizaron por años al departamento de Sucre.
Debe ahondar en los detalles y circunstancias que rodearon los hechos por los que fue condenado y que no fueron evidenciados en las investigaciones y procesos penales por los que comparece a la JEP, de tal forma que haga efectivo el derecho a la verdad más allá de lo establecido en las decisiones de la justicia ordinaria.
Además, la JEP solicitó precisar de dónde saldría el dinero que usaría Arana para las indemnizaciones de las víctimas y descartó que se vayan a cofinanciar con recursos públicos.
No podría pensarse, de ninguna manera, que el compareciente puede contar con los recursos de la administración pública para ejecutar sus proyectos de reparación. Debe recordarse que la carga de reparar es individual y personal, de manera que esta no puede transferirse al Estado en proporción alguna.
Las víctimas denuncian que debido a los cuestionamientos hechos al plan de reparación de Arana recibieron amenazas a través de llamadas telefónicas. Dos de los amenazados son Juan David Díaz, hijo del exalcalde Eudaldo Díaz, asesinado por orden de Arana y Sebastián Escobar, miembro del Colectivo José Alvear Restrepo.
“Dígale a Juan David que si sigue metiendo a los políticos de Sucre lo vamos a matar y también nos lo llevamos a usted por delante por sapo”: estas son las amenazas que recibieron las víctimas de Arana, quien en su momento era muy cercano al expresidente Álvaro Uribe.
Además, el 11 y 12 de marzo se llevarán a cabo las dos audiencias en las que Arana deberá ampliar su plan de verdad y reparación.
Uno de los crímenes más crueles de Arana
En 2003, Eudaldo Díaz, en ese entonces alcalde del municipio de El Roble, le dijo al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que lo iban a matar. Esta revelación la hizo en un consejo de seguridad del ahora expresidente quien hizo caso omiso, mientras estaba en compañía de Arana.
Al mes de la denuncia, el 5 de abril, Díaz desapareció y fue hallado sin vida cinco días después. Díaz responsabilizó todo el tiempo a Salvador Arana de las amenazas.
Tuvieron que pasar tres años para que fuera dictada medida de aseguramiento contra Arana por ese crimen, no sin antes haber sido cónsul y luego embajador de Colombia en Chile, nombrado por el propio Álvaro Uribe.
En 2006, Arana fue acusado como determinador del crimen del alcalde de El Roble. De acuerdo con Semana, en los registros del ente investigador había testimonios de algunos miembros paramilitares de Sucre, quienes afirmaron que Arana había pagado para que el comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo asesinara a Díaz.
Tiempo después, la Corte Suprema de Justicia procesó al exgobernador por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo Díaz y por concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC.
No obstante, cuando la Corte envió el expediente a la Fiscalía, Arana se fugó de las autoridades, permaneció oculto durante dos años y fue capturado en 2008, para luego llegar ante la JEP, donde deberá contar toda la verdad.
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