Estos son los diez generales llamados a la JEP por el caso de los falsos positivos

De acuerdo con este tribunal de paz, entre 2002 y 2008 se produjeron 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales.

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Un hombre participa hoy en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Un hombre participa hoy en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Este martes 23 de febrero se conoció que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP vinculó a 10 generales para que rindan versión dentro del caso 03: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

El primero en ser llamado es el general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, pues fue mencionado directamente por once comparecientes y miembros de la Fuerza Pública ante la JEP. Además, de acuerdo con Caracol Radio, Montoya tiene siete menciones en informes entregados por las organizaciones de víctimas, que hizo llegar la Fiscalía General de la Nación al tribunal de paz.

Montoya ha sido mencionado en casos de falsos positivos desde que era comandante del Ejército Nacional, entre el 21 de febrero de 2006 y el 5 de noviembre de 2008. Sobre estos hechos, las víctimas aseguran que está involucrado en al menos 2.429 casos de falsos positivos bajo su mando.

Por su parte, el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 3º fue mencionado en 32 informes. En los documentos conocidos por la emisora se observa que, en la segunda división del Ejército en Norte de Santander se concentra cerca del 60% de los casos de falsos positivos.

También el general (r) Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez” es mencionado por comparecientes ante la JEP y su batallón está entre los que más bajas por combate reportaron entre 2002-2008.

En los informes presentados ante el tribunal especial de paz, el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, estaría relacionado con 28 ejecuciones extrajudiciales.

El general (r) Mauricio Zabala Cardona, comandante de la Fuerza de Despliegue rápido, fue el encargado de supervisar el Batallón La Popa de Valledupar y bajo sus órdenes se habrían presentado al menos 39 ejecuciones extrajudiciales entre 2003 y 2004

El general (r) Adolfo Hernández Martínez, comandante Batallón de Artillería La Popa, estaría ligado a por lo menos 23 casos de falsos positivos y es acusado por varias víctimas de alterar escenas del crimen, modificar y falsificar la documentación para presentar las bajas, realizar misiones sin informes de inteligencia e inconsistencias de testimonios.

Por su parte, el general (r) Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército estaría vinculado a este tipo de ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander, donde serían 37 víctimas y Arauca con 53 casos y 75 víctimas. Además, se contabilizan 13 víctimas más, una cuando fue comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA, y 12 más cuando fue comandante de la VII Brigada.

Así mismo, el general (r) Guillermo Quiñónez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército, quien, de acuerdo con el Colectivo Orlando Fals Borda, está involucrado en 41 casos con 63 víctimas de falsos positivos por parte de las unidades militares adscritas a la Cuarta División del Ejército Nacional, en Meta y Guaviare.

Otro llamado a rendir versión ante la JEP fue el general (r) Emilio Enrique Torres Ariza, jefe del Estado Mayor de la Brigada 16, que está dentro de la investigación por este atroz crimen en Casanare y Arauca donde habrían 413 víctimas bajo su comandancia.

Por último, se solicitó la presencia del general Yuber Armando Aranguren, brigadier general activo, y quien hizo parte de la plana mayor de la Brigada 16.

Caber recordar que, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó en un proceso de investigación y recolección de información que en Colombia, entre 2002 y 2008, se produjeron 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales (inocentes presentados como bajas en combate) y no 2.248 como lo reportó previamente la Fiscalía General de la Nación al tribunal.

En este proceso, la JEP determinó que en Antioquia se registró el 25 por ciento total de las víctimas de este crimen cometido por el Estado y adjudicado como el Caso 03.

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