Este es Tropical Park, el complejo recreo deportivo de San Andrés que costó más de $12.000 millones y no ha sido construido

El 20 de diciembre de 2017, las autoridades de San Andrés suscribieron el contrato de obra 1865, a través del cual se estableció la construcción en la isla el complejo recreo deportivo ‘Tropical Park’, proyecto al que se le realizó una inversión de más de $12.000 millones de pesos, y que al día de hoy no ha sido concluido. Al respecto, en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que imputará cargos contra exfuncionarios y contratistas por irregularidades en los contratos del levantamiento de las obras, entre quienes se encuentra Andrés Sanmiguel Castaño, quien ya responde ante la justicia por el escándalo de Odebrecht.

“En este elefante blanco en donde se hizo un área de juegos que costó 12.241 millones de pesos, un atraco que se hizo contra esta isla y por eso determiné que se priorizara esta investigación hace unos meses”, señaló el fiscal General, Francisco Barbosa.

Según explicó el organismo judicial, en el contrato celebrado en diciembre de 2017, las personas al frente de la construcción del ‘Tropical Park’ se habrían apropiado de forma ilícita de 7.248 millones de pesos, además, de que según la investigación realizada por los peritos contables, financieros y técnicos de la Fiscalía, en los contratos de interventoría 1873 del 2017, el dinero comprometido sería de 89′000.000 de pesos.

Por esa razón, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían implicadas en las anomalías del dinero de los contratos pactados. Entre los ciudadanos llamados por el organismo judicial se encuentran exfuncionarios, interventores y contratistas. Aquí los nombres:

-La secretaria de Turismo de San Andrés, Paola Andrea Toro Pirdrahita, y el ex secretario de Infraestructura de la isla, Alejandro Lozano Bowie, quienes fueron señalados por la Fiscalía del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

- La exsecretaria de Infraestructura, Ninosthka Hudson Hernández, quien fue presentada ante el juez de control de garantías por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documentos público.

-El Interventor Moisés Francisco Araujo Fuscaldo, quien fue señalado por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

-El contratista y representante legal del Consorcio Tropical Park 17, Andrés Sanmiguel Castaño, por el delito de peculado por apropiación.

Sobre Sanmiguel, es necesario recordar que ya se encuentra compareciendo frente a la Fiscalía, por lo que la entidad llamó como ‘la reactivación del caso Odebrecht’, donde Andrés Sanmiguel Castaño ya ha sido citado por cuarta vez para la imputación de los delitos por lavado de activos y enriquecimiento de particulares, en conjunto con su esposa Edna Karina Méndez, y sus socios David Fernando Portilla, Esteban Moreno Pérez y Ricardo Rey Pulido, de acuerdo con información entregada por la revista Semana.

Según detalló el medio, se cree que parte de ese dinero que la multinacional brasileña entregó a Sanmiguel terminaron en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, y que se presupone entraron al país gracias a la firma de los contratos entre Consol, Odebrecht, y la empresa Gistic Soluciones Integrales.

Al respecto de los cargos por los que la Fiscalía ha señalado a estas cinco personas, la entidad además señaló que la investigación pudo llevarse a cabo gracias a ciertas irregularidades como la falta de planeación frente a la obra, pues no existieron estudios de mercado, solicitud de permisos y licencias, diseños, entre otros.

“El 50% del valor del anticipo entregado al contratista, supuestamente, fue destinado a cubrir otros asuntos que no tenían relación con el proyecto ‘Tropical Park’ y la interventoría habría usado parte del anticipo para el pago de obligaciones tributarias con la DIAN.”, explicó la entidad.

Así mismo, la Fiscalía indicó el contrato de obras del ‘Tropical Park’ fue firmado por una persona que no tenía representación en el consorcio para aprobar la construcción, además de indicar que hubo actividades que se pagaron y nunca fueron llevadas a cabo, mientras que otras se realizaron en menos tiempo del pactado inicialmente.

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