El 5 de febrero de 2021 arrestaron a 6 presuntos integrantes, de la banda ‘El Acopio’, un grupo de delincuencia común organizado que tiene injerencia en la Comuna 7, Robledo, de Medellín. Fueron capturados por agentes de la Sijín, durante un allanamiento realizado en la calle 86 A con la carrera 90 del barrio Aures 2.

En el operativo les incautaron 2 revólveres calibre 38, 12 cartuchos de munición del mismo calibre, 1 radio de comunicaciones y 6 celulares. Además la policía manifestó que todos los detenidos tienen antecedentes y anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, extorsión, homicidio, tentativa de homicidio y tráfico y porte de estupefacientes.

‘El Acopio’ es una organización criminal que desde hace 10 años, tiene control social y económico que les ha permitido tener rentas ilícitas, venta de terrenos para construcciones clandestinas y regular las conexiones a los servicios de acueducto y electricidad.

Su dominio abarca los barrios Aures N°1 y N°2, y los sectores El Depósito, La curva de Paco, La Torre, La curva de Dimas y El Chispero; asimismo, en dos barriadas de invasión localizadas en la vereda El Picacho de San Cristóbal, que los residentes denominan veredas Paraíso N°1 y N°2.

Según la Fiscalía, es una de las bandas confederadas en la “GDO Robledo” (Grupo Delincuencial Organizado), que articula a varios grupos en el costado occidental del río Medellín. Igual que otras estructuras, administra plazas de vicio y cobra extorsión, pero su influencia va más allá.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, la fiscalía encontró que su forma de financiación se da en diferentes niveles.

Por un lado, las tiendas del sector deben pagarles una ‘vacuna’. Las más pequeñas pagan $30.000 semanales; los parqueaderos y otros locales comerciales, $200.000 cada ocho días; las empresas de arepas, $1′500.000 al mes; las volquetas que suben material a esa zona, $100.000 por viaje; los contratistas de empresas de telecomunicaciones que llegan a instalar servicios de TV e internet, $200.000 al mes; y según la cantidad de máquinas tragamonedas que tengan las tabernas y billares, pagan entre $100.000 y $840.000 mensuales.

Ni el transporte público se salva, pues a 33 buses alimentadores del metro y de la ruta 250 Robledo Aures, les cobran $190.000 semanales a cada uno y a los taxistas les cobran $1′300.000 al mes.

Por otro lado, se apropian de terrenos aprovechando la poca presencia estatal. Por ejemplo, invadieron un terrero que pertenece a la empresa Administradora El Picacho y Cía. Ltda. que la banda dividió en lotes, y cada espacio lo vendían entre $5′000.000 y $22′000.000, según la ubicación y el tamaño. Además, encontraron que si alguno de los compradores del lote vende después su propiedad, ‘el Acopio’ le cobra una tarifa que va de $700.000 a $5′000.000.

Sumado a lo anterior, aprovechando la situación y las condiciones que se viven en la comuna la banda se volvió una clase de regulador económico y prestador de servicios, por lo que las conexiones ilegales de estos ranchos a los postes de energía y los tanques de agua de EPM ubicados en Aures, las cobran entre $20.000 y $30.000 por cada casa, y si un ciudadano se conecta sin autorización, la multa es de $300.000.

Incluso cuando Martha Rubiela Quintero Castañeda, era presidenta de la JAC, señalada de ser parte de la banda, cobraban multas para regular el comportamiento social, entre $100.000 y $5′000.000. Por faltas como las riñas callejeras, hurtos, violencia intrafamiliar y escándalos en vía pública, entre otros.