Denuncian reclutamiento forzado de menores indígenas colombianos y venezolanos en el Catatumbo

En los municipios de Tibú, El Tarra, San Calixto, Convención y Hacarí es donde más se reportan casos de niños, niñas y adolescentes envueltos en el conflicto.

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Imagen de referencia del reclutamiento
Imagen de referencia del reclutamiento forzado en menores de edad. - Colprensa.

Cada vez más sectores del Gobierno nacional se unen para denunciar los crímenes de guerra de los que son víctimas los menores de edad colombianos. Este martes 23 de febrero, las autoridades de Norte de Santander informaron que en la subregión del Catatumbo, ubicada al noreste de ese departamento, grupos al margen de la ley están reclutando forzosamente a niños, niñas y adolescentes. Aunque el ente local no tiene cifras exactas de las víctimas, aseguran que en el grupo hay niños indígenas colombianos y venezolanos, ya que es una zona limítrofe.

“Tenemos información de que niños de la comunidad indígena Motilón-Barí, que hace presencia en ambos países, están más expuestos a ser víctimas de reclutamiento. No tenemos un registro del número real de menores reclutados en la región, pero sabemos que los hay”, aseguró Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander, durante una entrevista en RCN Radio.

Las autoridades nortesantandereanas explicaron que no cuentan con la cifra exacta de reclutamientos porque es “imposible llegar a las filas de estos grupos armados para ver cuántos niños están en su poder”, pero sí tienen testimonios de personas de la comunidad que expusieron la situación. Familias colombianas y venezolanas afirman que, la situación es alarmante ya que en los últimos meses los subversivos han involucrado a muchos más niños, niñas y adolescentes en el conflicto.

Estas declaraciones son respaldadas por la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes justo el 22 de febrero en la tarde reportaron que Norte de Santander es uno de los departamentos donde más se están reclutando menores para la guerra. Esto ocurre principalmente en Tibú, El Tarra, San Calixto, Convención y Hacarí, municipios que hacen parte de la subregión del Catatumbo.

Frente a este tema, la situación es alarmante en todo el país. En Arauca, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Meta también reportan bastantes casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía aseguró que, durante 2019 y 2020 formuló cargos contra integrantes de varios grupos armados por 708 hechos victimizantes de reclutamiento ilícito.

Ante este hecho, el ICBF ya interpuso dos denuncias colectivas ante la Fiscalía contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor) que están atentado contra esta población. Esta solicitud fue radicada por instrucciones del presidente de la República, Iván Duque.

“Hoy le estamos entregando a la Fiscalía General de la Nación testimonios e información clave para que se investiguen estos hechos y se establezca la responsabilidad penal de los miembros de estas organizaciones que reclutaron de manera recurrente, sistemática y oficializada a cientos de niños, se los llevaron y los involucraron en un mundo que vulnera todos sus derechos”, manifestó Lina Arbeláez, directora general del instituto, que vigila los derechos de los niños durante la instauración de la demanda.

El ICBF indicó que, entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021, 465 niños, niñas y adolescentes se desvincularon de grupos armados, hecho por el que los subversivos deberán responder ante la ley. También se indicó que, entre 1999 hasta la actualidad, se han reportado más de 1.288 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del ELN. Además, pidió investigar posibles casos de lesiones personales, tortura y violencia sexual.

Ante las solicitudes, la Fiscalía aseguró que dispondrá todos los medios técnicos investigativos para adelantar los procesos “con celeridad y rigurosidad”. Se especificó que la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada (Daiaco) está a cargo de estos casos para lograr la judicialización de los responsables que atentan contra la integridad de los colombianos menores de 18 años.

“A las disidencias de las Farc, desde 2016 a la fecha, se le han atribuido 100 reclutamientos. También tenemos 316 hechos atribuidos a quienes dejaron el proceso de paz y fueron excluidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estas personas cuentan con orden de captura por el delito de reclutamiento ilícito. Además, se le atribuyeron a las AGC casos con 18 víctimas, mientras que a ‘Los Caparros’ se le endilgaron casos con 16 víctimas”, detalló Martha Mancera, vicefiscal General de la Nación.

Teniendo en cuenta que los miembros de las Farc que sí se acogieron al Acuerdo Final de Paz también son responsables de varios de estos casos, el ICBF anunció que próximamente pondrá una denuncia contra ellos ante la JEP. El instituto aseguró que tiene material probatorio que servirá para nutrir los expedientes del llamado Caso 007 sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, abierto el 1º de marzo de 2019 por Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.

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