Después del balance trágico de 11 personas asesinadas en zona rural de Tumaco, Nariño, como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, estructuras Oliver Sinisterra y ‘Los Contadores’, la Comisión de Paz del Senado instó al Gobierno a decretar medidas urgentes para frenar el baño de sangre que, como producto del conflicto entre estos actores armados, están desestabilizando al Departamento de Nariño.
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Para Guillermo García Realpe, senador liberal por Nariño y miembro de dicha comisión, tanto el gobierno central como los departamentales y locales, así como la Fuerza Pública, “no han sido capaces de contener el baño de sangre” en los corregimientos y veredas de Tumaco, como Caunapi, Villa Rica, Llorente y Puerto Rico, escenarios de enfrentamientos armados por el control del territorio en dicho departamento.
Afirmó que: “Los muertos en los últimos días se cuentan por decenas, los violentos y criminales actúan a sus anchas” Para rematar con un duro cuestionamiento a las Fuerzas Militares: “¿Hay connivencia de los criminales con la fuerza pública, como lo denuncian algunos líderes sociales?”.
García Realpe fue incisivo con el manejo de la crisis que se presenta en Nariño a manos del actual gobierno. Enfatizó que “definitivamente perdió el control de los territorios en Colombia y se quedó solo en anuncios”, aludiendo que los consejos de seguridad, que cuentan con la presencia del Mindefensa y los altos mandos, “no solucionan absolutamente nada en las regiones”.
Por lo que demandó al Ejecutivo y a las Fuerzas Militares medidas extremas de seguridad que “permitan recobrar la tranquilidad y la sana convivencia en la región, tan golpeada por los actores ilegales que operan en esa zona del sur occidente del país”.
En concordancia con las declaraciones de Realpe, la Comisión citó los últimos reportes del Instituto de Medicina Legal que señalan el aumento de homicidios en Tumaco. Durante 2020, el municipio registró 193 de los 364 homicidios que han sido rastreados en los 64 municipios del departamento de Nariño.
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Los territorios en alerta por el conflicto entre actores armados
Como se reportó en horas de la mañana del pasado domingo 21 de febrero, un grupo de hombres vestidos en camuflado y fuertemente armados, hicieron presencia en zona rural de Tumaco y luego de ingresar al escenario deportivo tomaron la vida de 8 personas y retuvieron a otras dos.
Los cuerpos de las víctimas de la masacre aparecieron dispersos en distintas partes de la zona; miembros de la comunidad informaron del hallazgo de los cadáveres de tres de los pobladores locales cerca a Llorente, en el denominado kilómetro 63; con posterioridad, reportaron la aparición de otros tres cuerpos en la zona conocida como El Carmen; y últimas informaciones señalan el descubrimiento de 2 más en la zona de Gualtal.
Pero la alerta no ha dejado de sonar y el Gobierno atiende la vulneración de derechos humanos de las comunidades del Alto Baudó, por la confrontación que sostienen ELN y el Clan del Golfo.
“Se dieron hechos que finalizaron con la vida de una mujer indígena en el resguardo. Eso ha significado que una parte de la comunidad se mueva a una parte de su resguardo y allí esté en confinamiento. Desde el día de ayer, un pelotón de las Fuerzas Militares está allí, en coordinación con la comunidad, para dar garantías de seguridad y permitir que llegue la misión de verificación”, anotó el ministro Molano en el consejo extraordinario de seguridad convocado en Tumaco.
Por otra parte, Daniel Palacios, ministro del Interior, declaró que convocará una misión de verificación humanitaria en la zona en el plazo de las siguientes horas: “Se ha decidido que se llevará a cabo una misión de verificación humanitaria, encabezada por la unidad de Víctimas, la Cruz Roja Internacional y otros actores internacionales”.