Comisión de la Verdad pide al Gobierno nacional dialogar con actores armados en el Pacífico

Los casos de confinamiento, desplazamiento y asesinatos en la región del Pacífico colombiano, así como en el Alto Baudó, Murindó y Tumaco, han hecho que los líderes de la comunidad se manifiesten y a través de la Comisión de la Verdad soliciten iniciar diálogos con entidades del Estado para atender las necesidades de sus habitantes y se detenga el incremento de la violencia.

Este martes, la Comisión de la Verdad organizó una rueda de prensa para pronunciarse por las afectaciones que vienen sufriendo los grupos étnicos tras los enfrentamientos entre grupos armados en el Pacífico. Los comisionados Patricia Tobón y Leyner Palacios denunciaron públicamente la intensificación de acciones armadas sobre los pueblos étnicos de esta región.

Los comisionados afirmaron que si bien el mandato de la Comisión de la Verdad es esclarecer las razones del conflicto, también tiene la obligación moral y ética de alertar sobre los hechos de violencia que llevarían a la repetición de un conflicto de más de cinco décadas.

Leyner Palacios aseguró que ve con preocupación que las comunidades del Alto Baudó en el departamento de Chocó y Murindó en Antioquia estén en medio del enfrentamiento armado y las minas antipersonales.

“Yo creo, nosotros creemos, que la no negociación con los grupos de las AGC, los distintos grupos del que denominan paramilitarismo, pero también la no negociación con el Eln nos hace poner en un escenario muy difícil para la consolidación de la paz, es un suicidio, es un tiro al pie”, agregó.

Según informó Radio Nacional, Palacios afirmó que las decisiones de no negociar están afectando a las comunidades. Además, considera que por la vía militar no se va a resolver el conflicto y que no se puede seguir escuchando los testimonios de los habitantes de estas zonas del país sin hacer nada al respecto.

Ambos comisionados se refirieron específicamente a lo que ha ocurrido en el último mes en el Alto Baudó (Chocó), Murindó (Urabá antioqueño), Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca). “Al menos 4.741 personas de la comunidad indígena Moamía en el Alto Baudó están confinadas desde el 19 de febrero por los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. En Murindó, alrededor de 1.200 personas del pueblo Embera eyábida y los resguardos del río Murindó y Chageradó están confinados por la instalación de minas antipersonal en sus territorios por parte del Eln”, sentenciaron durante la rueda de prensa.

Por otro lado, la comisionada Patricia Tobón señaló que la mejor forma para superar la violencia es dialogando. Dijo que es necesario que exista toda la voluntad del Estado para que no sigan ocurriendo este tipo de hechos violentos, sobre todo en los territorios afrodescendientes e indígenas.

“Tenemos que dar unas recomendaciones para la superación del conflicto armado, nosotros teníamos que hacer un proceso de esclarecimiento del conflicto armado y lo que podemos decir es que el conflicto no se ha acabado. Hay un rearme en el Pacífico, un no control del Estado sobre este conflicto y una ausencia de respuesta a la realidad que tienen las comunidades que requieren que se puedan sentar en una mesa de negociación, urgentemente, al Eln urgentemente, al Clan del Golfo y, urgentemente a los Gaitanistas”, aseguró Tobón.

El Ministerio de Defensa confirmó que once personas fueron asesinadas el pasado fin de semana del 20 y 21 de febrero en cuatro hechos de violencia diferentes. Así mismo, en Buenaventura por lo menos 30 familias fueron desplazadas a principios de febrero por enfrentamientos entre las bandas Las Shotas y Los Espartanos. Estos hechos, de acuerdo con El Espectador, fueron lo que llevó a la Comisión de la Verdad a escuchar a las comunidades y organizaciones de este territorio.

“Vimos en Buenaventura que los jóvenes no tienen una casa adecuada con energía, ni hay atención en salud, pero sí tienen un fusil de $20 o $30 millones. ¿Quién está armando a nuestros jóvenes y cuáles son sus intereses? ¿Por qué esta guerra se ensaña de manera tan desproporcionada con las comunidades étnicas? Si esto pasara en otras regiones o sectores de la sociedad esto no sería aceptado”, sostuvo el comisionado Palacios.

Finalmente, la comisionada Tobón afirmó que “queremos enviar un mensaje al país y pedimos arrancar un diálogo con los grupos armados residuales y paramilitares. Este rearme no lo podemos negar y tiene como causa fundamental los malos procesos de reincorporación”.

Y señaló que, “estos grupos se disputan las rentas del narcotráfico y de la minería. La paz en el Pacífico depende del acuerdo al que se pueda llegar con los grupos gaitanistas, con el ELN y con el Clan del Golfo y otros grupos residuales”.