Colombia participa en el foro internacional para fortalecer la ruta de asistencia a víctimas de minas antipersona

En el encuentro participan 24 víctimas de los explosivos, quienes aportarán sus ideas para construir una estrategia que permita atender y acabar este flagelo.

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Dos semanas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconociera por primera vez a un perjudicado por una mina antipersona como víctima de un crimen de guerra, el Gobierno nacional decidió ampliar la conversación acerca de este tema.

Este 22 y 23 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) lidera el encuentro ‘Diálogo Nacional en Colombia: Fortaleciendo la Participación e Inclusión de las Víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MUSE)’, que busca aumentar la participación de los afectados por los explosivos en el país.

“El objetivo principal del diálogo es fortalecer la Red y hacerlo de manera tal que las voces de los sobrevivientes se conviertan en insumos para el desarrollo y actualización de la Ruta de Asistencia Integral a las Víctimas de Minas Antipersonal, actuación del Estado que busca la restitución de los derechos vulnerados” explicó Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz.

Desde 2019 la estrategia del Gobierno se ha basado en empoderar a las asociaciones de víctimas de minas antipersona a través de un mayor relacionamiento con la OACP. Ahora, con el diálogo se quiere construir una estrategia que involucre aún más a los sobrevivientes de minas antipersona para así fortalecer esta política pública.

Teniendo esto en cuenta, durante los dos días del evento se realizarán debates y actividades prácticas en las que participarán 24 representantes de 14 asociaciones de víctimas de minas personales y municiones sin explosionar del país. Estas personas habitan en Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, unos de los departamentos más afectados por esta problemática.

Además de la OACP, el evento es acompañado por la Unidad de Atención Integral y Reparación a las Víctimas, el consejero presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad y el presidente de la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonal y MUSE. Así mismo, 12 organismos nacionales e internacionales apoyan la actividad, entre los que destaca el Consejo de la Unión Europea, entidad que financia el encuentro.

“La Unión Europea se enorgullece de apoyar estos esfuerzos. La agenda de trabajo se ha diseñado asegurando que los ministerios relevantes reciban insumos de estas asociaciones, y de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Humanidad e Inclusión y otras que apoyan el trabajo de asistencia a víctimas. Estos insumos alimentarán la ruta de salud nacional y rehabilitación de víctimas de minas y MUSE”, aseguró Patricia Llombart Cussacla, embajadora de la Unión Europea.

La OACP resaltó que la realización de este espacio es importante teniendo en cuenta que Colombia es uno de 30 Estados que hacen parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal (Convención de Ottawa), una normativa que entró en vigor en 1999. Además, hasta 2021 en el territorio nacional se han reportado más de 11.000 sobrevivientes de minas, lo que representa una cifra importante.

También cabe recordar que, en la actualidad las minas antipersona continúan siendo una herramienta de los grupos armados al margen de la ley para atemorizar a comunidades rurales.

Recientemente, el 7 de febrero de este año, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció que más de 2.000 indígenas pertenecientes a los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, ubicados en el municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, tuvieron que confinarse porque actores armados ubicaron explosivos en el camino que conecta a las dos comunidades.

Así mismo, denunciaron que en Dabeiba (Antioquia), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo enviaron panfletos a la población en los que les ordenaban no volver a desplazarse hacia los cultivos porque sus vidas estaban en riesgo por las minas. Fueron 26 los resguardos amenazados. Y las denuncias indígenas apuntan que las escuelas, que por la coyuntura de la pandemia han permanecido cerradas, son algunos de los espacios donde se ubican estos artefactos explosivos.

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