Se cumplen 30 años de la redacción de la Constitución Política de 1991, que trajo consigo muchas garantías como la apertura política, el reconocimiento de comunidades étnicas, la acción de tutela, la apertura democrática, la diversidad de cultos entre otros. A diferencia de las anteriores cartas esta, representó un avance en derechos importante para el país.

Eran finales de los 80, cuando en Colombia producto de la violencia por parte de guerrillas, la falta de garantías ciudadanas entre otros. Se evidencio la necesidad de un cambio en las ‘reglas’.

En el contexto persistía el dolor por los acontecimientos de la toma del Palacio de Justicia, el ascenso del narcotráfico y la percepción de que el sistema político era incapaz de canalizar las aspiraciones de buena parte de los colombianos, el evidente clientelismo y la política estaba dominada por unos pocos sectores.

Incluso, en las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal.

Solo estaban consideradas seis papeletas para seis elecciones. Pero hubo una papeleta adicional a las oficiales, donde se enunciaba: “Plebiscito por Colombia, voto por una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo”. Se llamó la Séptima Papeleta (SP), y fue impulsado por un grupo de estudiantes.

Finalmente se logra concretar la creación de una nueva constitución y la composición de la Asamblea fue el primer paso para hacer un cambio de fondo, pues junto a los partidos tradicionales, tuvieron cabida movimientos y sectores distintos, con una significativa participación. Así el movimiento del desmovilizado M-19 obtuvo 19 de los 70 escaños y el Movimiento de Salvación Nacional, de origen conservador pero con una conformación más amplia, obtuvo 11. El Partido liberal, que mantenía su predominio, pasó de tener una representación de alrededor del 60% en el Congreso, a una de 35% en la Constituyente.

Para la sociedad colombiana, la tutela fue la más importante de las consignas, pues le permitió a las personas apropiarse de sus luchas y tener un mecanismo que les permitiera exigir sus derechos.

La acción de tutela es un mecanismo que permite mediante un proceso jurídico la exigencia de los derechos de los ciudadanos. Esta se encuentra consignada en el artículo número 86. Desde su entrada en vigor, este recurso ha sido fallado en total 8.134.137 veces, confirmando así su cercanía con los colombianos y las garantías que representa.

A partir de su aparición se convirtió rápidamente en una medida de uso común, en el mayor hito de la nueva Constitución y, a la vez, en el mecanismo que dio a conocer masivamente la Carta Política.

Pese a que han pasado 30 años, la tutela sigue siendo muy usada en país, incluso se calcula que el año pasado, los jueces recibieron 256.316 acciones de tutela entabladas por ciudadanos que buscaban la protección inmediata de un derecho fundamental. Eso quiere decir que en promedio, cada hora del año pasado los jueces colombianos fallaron unas 30 tutelas. En la carga del sistema judicial la acción de tutela representa cerca del 27 % de todas las decisiones –es decir, uno de cada cuatro fallos en Colombia es de un derecho de amparo–.

Sin embargo, una de las preocupaciones que tiene el sistema es como ir más allá, pues en muchos casos los fallos no se respetan.