Continúan los problemas para ampliar las estaciones de TransMilenio

Por información del mismo IDU, se conoció la necesidad de arreglar unas 15 estaciones de TransMilenio de manera inmediata, para que el sistema de transporte pudiera funcionar sin ninguna eventualidad durante la pandemia; sin embargo, la fecha en la que se tenía planeada esta entrega tuvo que ser aplazada por diferentes problemas que ha tenido la entidad, como diseños errados y oposición de la comunidad por temas ambientales, razones por las que el Concejo de la ciudad ha pedido intervención y solicitaron claridad en los contratos de dichas obras.

Los trabajos consistían en una ampliación de las estructuras, para así asegurar que exista un distanciamiento entre los usuarios del sistema. Sin embargo, debido al incumplimiento por parte de la entidad, el Concejo cree que se abusó de la contingencia de la pandemia para contratar obras con inconsistencias y sin ningún control.

Todo empezó en marzo de 2020, cuando la Secretaría de Salud estableció que era necesario habilitar más espacio para crear un distanciamiento adecuado en el sistema de transporte público o reducir la capacidad de sistema de transporte masivo. Teniendo en cuenta esa necesidad, la entidad tramitó un permiso frente al IDU para agilizar la ampliación de las estaciones en las que más riesgo había de aglomeraciones de personas. En total, fueron 15 las terminales que se priorizaron.

El IDU asegura que por la urgencia del momento, aunque se siguió una ruta igual a las licitaciones tradicionales, se contrataron de forma directa las obras con las empresas que ya habían trabajado con TransMilenio en años anteriores. En total, para estas obras se destinó un presupuesto de $49.219 millones.

Los problemas de retraso empezaron, de acuerdo con el Distrito, porque las empresas tomaron diseños de obras que dejó la administración pasada, los cuales no coincidían con lo que la ciudad necesitaba para esta emergencia. En entrevista con El Espectador, el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, confirmó que los diseños habrían funcionado, pero tenían errores “Cuando empezaron a replantear los diseños hubo problemas con la calidad de los planos aprobados, en su momento, por la interventoría, pues no cumplían con muchas características. Se ve que fueron laxos y lo diseñado no se podía implementar”.

Debido a que las obras tenían que continuar, el IDU les propuso a los contratistas que ellos mismos reajustaran los diseños y que estos se acomodaran a la emergencia, obviamente, pagando un valor adicional por este trabajo, entonces, a los tres contratos se les sumaron $1.877 millones más.

Al mismo tiempo, se inició un proceso de sanción y reclamación contra el diseñador de las obras anteriores, por haber entregado un mal producto, que no se ajustaba con lo que se tenía que trabajar. “Primero se reclaman los perjuicios económicos. Si no los acepta, está la póliza que cubre un monto cercano al 20 % del contrato. Y si los perjuicios son superiores debemos ir a una instancia judicial. Aún no sabemos el porcentaje, porque no hemos terminado de valorar el perjuicio, que debe asociarse a cuánto nos cuestan los retrasos”, explicó Sánchez a El Espectador.

Debido a esto, se perdió más tiempo en la ejecución de las obras porque, explicó el IDU, para iniciarlas de nuevo, hay que realizar trámites de aprobación de los diseños finales con la Empresa de Acueducto, Codensa y con la Secretaría de Movilidad. A esto hay que adicionarle un problema de fondo en la ampliación de una de las estaciones, ubicada en Suba, donde un colectivo ambiental se opone a la tala de unos árboles.

“Tenemos el permiso de la Secretaría de Ambiente, pero el colectivo ha sido un poco radical. Estamos en reuniones con ellos y esperamos que entiendan que está aprobado y que los árboles están en mal estado. No se pueden trasladar, pero se van a compensar con tres siembras por cada tala”, concluyó el director del IDU.

Se espera que, para finales de febrero, se entreguen, al menos, dos de las 15 estaciones en las que se están trabajando, el resto de estas deberán estar listas a finales del 2021. Mientras tanto, el Concejo de Bogotá ha solicitado la revisión de cada uno de los contratos firmados por las diferentes entidades para ver que no haya ninguna irregularidad.

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