La JEP responde a denuncias sobre desproporción en los recursos para la defensa de exFarc y las víctimas

Ese organismo de justicia responde bajo el argumento de un estatuto que diferencia el ofrecimiento de seguridad de un colectivo y un individuo.

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Cerca de cinco años después
Cerca de cinco años después de su fundación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio el salto más grande para la justicia de las víctimas, al imputar a ocho miembros del Secretariado en el caso 01 sobre secuestro. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió, en la mañana de este domingo 21 de febrero, los alegatos de las víctimas del conflicto armado, especialmente de colectivos de víctimas de las Farc, que aseguran que los recursos que les otorgó ese ente para su defensa son considerablemente menores que los que gozan los exguerrilleros de las desaparecidas Farc.

La polémica se desató luego de que en el programa La Noche, del canal NTN24, se reveló la cifra que ha invertido el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la asistencia legal de los excombatientes de las Farc-EP, respecto al que se le ha dedicado a las víctimas acreditadas ante el Tribunal.

En el documento, al que tuvo acceso el programa informativo de ese canal internacional, se ve reflejado que en total se ha invertido una cifra superior a los 12.000 millones de pesos que, dividida entre excombatientes y víctimas, tiene una diferencia de recursos que se refleja en dinero y abogados: la Jurisdicción Especial para la Paz dispuso más de 6.404 millones de pesos ($6.404′596.454) con lo que participaron 90 abogados, en el caso de los exguerrilleros y, en el caso de las víctimas, se destinaron más de 6.500 millones de pesos ($ 6.512′613.749), pero en este caso fue para 83 abogados.

Esto, además de la diferencia numérica de involucrados en cada apartado: en total fueron acreditadas 270.091 como víctimas, y 4.358 fueron los guerrilleros a los que se benefició con los más de seis mil millones de pesos.

De acuerdo con lo que explicó la JEP, a través de su cuenta de Twitter, lo que las víctimas consideran como un desequilibrio, tiene que ver con estatutos de la ley que establecen que, aunque el servicio público “de asesoría y de defensa se presta tanto a víctimas como a comparecientes que demuestren no tener los recursos para tal fin”, existen diferencias entre lo que se considera como una solicitud colectiva y una individual y, según lo establecido, la defensa de los comparecientes es siempre individual, mientras que la de las víctimas puede variar entre individual y colectiva.

Según lo que explicó el ente en un hilo de Twitter, “la diferencia de recursos para el SAAD Víctimas y SAAD Comparecientes radica en la representación colectiva de las víctimas. Así está concebido en la Ley pues si cada víctima requiriera un abogado no alcanzarían los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda a la JEP para este fin”.

En cifras específicas, resaltó la Justicia Especial para la Paz, a la fecha, febrero de 2021, “el SAAD víctimas ha asumido la representación de 295 sujetos colectivos (resguardos, cabildos indígenas, asociaciones indígenas, consejos comunitarios afrocolombianos) que representan a 289.059 víctimas, así como de 3.235 víctimas individuales”, es decir, según la JEP las cuentas se dividen de tal manera que en comparación entre víctimas y comparecientes hay un ajuste equitativo y legal.

Sebastián Velásquez, quien habló para NTN24, luego del estallido de la polémica, y quien se desempeña como representante de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), aseguró que la JEP “solo les ha entregado monedas”, mientras que a las Farc les han entregado “millones y millones”.

Por otro lado, explicó Velásquez, el dinero, que para ellos está dividido en partes considerablemente desiguales, se ve sometido en otros gastos diferentes que mantienen el funcionamiento del SAAD como gastos gastos administrativos, técnicos, financieros y de cooperación, situación que se considera irregular, teniendo en cuenta que ese dinero solo debería ser invertido en la contratación de abogados.

Justamente, salió a relucir nuevamente lo que se conoció en agosto de 2020: un contrato (el 342 de 2020) que reflejaba una inversión de 4.930 millones de pesos por parte de la JEP para contratar 93 abogados en representación de los excombatientes, situación que ya reflejaba, según las víctimas, un desequilibrio.

El portal de chequeo Colombiacheck dejó saber, en medio de la polémica de los abogados, que el Tribunal de Paz sí les ha ofrecido, en repetidas ocasiones, a organizaciones de víctimas, asesorías jurídicas y acompañamientos por parte del SAAD. Sin embargo, dijo ese medio, que algunas víctimas no han aceptado teniendo en cuenta que es opcional, y que pueden optar por tener uno personal o de confianza. Para federaciones como FEVCOL, esto también representaría un desequilibrio en las condiciones para más de 200.000 víctimas.

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