Además de la polémica, qué sigue ahora que la JEP elevó a 6.402 las víctimas de ‘falsos positivos’

El 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 víctimas de “falsos positivos”, como son conocidas la ejecuciones extrajudiciales o asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, en el período de 2002 o 2008, rango de investigación priorizado por el mecanismo.

“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, comentó.

Los “falsos positivos”, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

En un comunicado la JEP explicó que son seis los territorios en general donde se dieron la mayoría de los casos, estos son el Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, sin embargo, el 66% del total de víctimas se presentó en 10 departamentos de los 32 La priorización en este caso consiste que el Caso 03, la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de “abajo hacia arriba”.

De esta forma, primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional. por eso se empieza con los seis previamente mencionados. Pues, solo en Antioquia, asegura la JEP, se habría dado el 25 por ciento del total de casos a nivel nacional entre 2002 y 2008: 1.613. En número de víctimas en ese período le siguen Meta (394), Caquetá (344) y Cesar (323).

Después vendría la segunda fase con los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo. En los primeros seis no habrá una prioridad, sino que se irán adelantando las investigaciones conforme se tenga acceso.

Aunque en el auto no se menciona a Álvaro Uribe, la polémica surgió porque el periodo priorizado por la JEP cubre seis de los ocho años en los que estuvo ejerciendo como presidente. Frente a ese informe, Uribe señaló que “No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”.

Además, aseguró que “Es una declaración sesgada. Uno se desconcierta mucho al ver la diferencia de cifras. Uno lee el informe de JEP y lo sustenta con ONG muchas de ellas declaradas enemigas ideológicas de mi gobierno”.

Por otro lado, 16 organizaciones de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares emitieron un comunicado, en el que expresaron su disgusto y rechazo por los datos presentados por la JEP y comentaron que la información “afecta de manera grave el honor y el buen nombre institucional”.

A lo que el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la jurisdicción, en entrevista con El Tiempo afirmó que “La JEP no existe como un instrumento de venganza sino como un instrumento de justicia. Y para hacer justicia nos debemos basar en la verdad, la cual obtenemos a partir de lo que se puede probar dentro del proceso. La JEP solo da crédito a lo que está debidamente probado”.

En las próximas dos semanas, las víctimas y la Procuraduría deben hacer llegar sus observaciones frente a la priorización de la JEP en el caso 03.

El auto de hechos y conductas en el que la JEP imputará a responsables de los ‘falsos positivos’ y se darán a concocer en la segunda mitad de este año.

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