El informe que entregó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los casos de falsos positivos sorprendió al país al revelar que fueron por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional, entre 2002 y 2008 y no 2.248 como sostenía la Fiscalía General de la Nación.
La revelación de esta nueva cifra de casos de falsos positivos, recayó en críticas sobre el expresidente Álvaro Uribe, quien para esa fecha en la que se incrementó el fenómeno era presidente de Colombia. Por supuesto, seguidores como la senadora Paloma Valencia, salió a cuestionar el informe de la JEP.
“Estás son las cifras de diferentes fuentes sobre falsos positivos. Las de la JEP provienen de organizaciones entre las cuales el “Comité de solidaridad con los presos políticos”, la misma que ayuda a Monsalve, el llamado testigo estrella contra Álvaro Uribe. Juzguen”, escribió la senadora en Twitter.
Así mismo, compartió un cuadro en el que se lee que mientras la JEP informa que son 6.403 los casos de ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía General de la Nación dice que fueron 2.248; el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que son 1.741; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) 3.345; el Ministerio de Defensa Nacional informa de 3.259 casos; la Oficina del Alto Comisionado de la ONU registra 5.000 casos y por último, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene registrados 2.896 casos.
Por esta defensa de la senadora Valencia, el senador de oposición Gustavo Bolívar la tildó de “infame”: “Infame Paloma Valencia. Si son 10 mil o 6 mil ó 1 (uno)... Un solo falso positivo, ilusionar a alguien con un trabajo y después fusilarlo a sangre fría por orden de un genocida, mancharle el nombre y la honra haciéndole pasar por guerrillero es una atrocidad. Así sea 1, desalmada”.
Por su parte, el senador Gustavo Petro también criticó a la congresista: “Cualquiera de esas cifras que usted presenta senadora, sobre asesinato de personas por parte de funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, constituye un crimen contra la humanidad”, dijo.
Sobre lo revelado por la JEP
Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP.
Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
Con el universo de hechos y conductas que componen el caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos.
Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba” la Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
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