La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el pasado 18 de febrero que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El mismo periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia.
La noticia provocó que se avivara nuevamente la discusión sobre los responsables de estos crímenes que se cometieron en medio del conflicto armado y que salpica a soldados, militares de alto mando, funcionarios del gobierno y hasta al mismo expresidente Uribe, que salió en varios medios de comunicación a señalar de sesgada la información que presentó el tribunal de paz.
Ante la versión que entregó el exmandatario sobre los casos que se conocieron de militares implicados en asesinatos de civiles, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), desmintió al político y lo acusó de querer distorsionar la historia de los falsos positivos.
En un hilo que publicó en su cuenta de Twitter, Vivanco rechazó que Uribe diga que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate”. Para el director de HRW sí hubo directivas que otorgaban recompensas y hay evidencias claras de estos pagos. Así mismo, comparte varios testimonios de libros militares de la época.
“La unidad que dé 6 bajas o más en una sola acción $30.000.000″, se lee en lo compartido por Vivanco.
Sobre este tema se relaciona la directiva 029 de 2005 una orden emitida por el Ministerio de Defensa, que reglamentó las recompensas a cualquiera que diera información sobre cabecillas de la guerrilla, por su captura o si era dado de baja.
En cuanto al monto de las recompensas variaba según la importancia del capturado o dado de baja. Por los máximos cabecillas de alguna guerrilla podían entregar hasta $5.000 millones y tenía un cupo limitado de hasta 15 entregas. Sin embargo, para los guerrilleros rasos el cupo era ilimitado, se podían presentar un número cualquiera de bajas y el Estado pagaba $3.815.000 por cada uno. Buena parte de los casos presentados como ejecuciones extrajudiciales, precisamente corresponden a jóvenes que hicieron pasar como guerrilleros rasos.
“Además de dinero, los miembros del Ejército que reportaban bajas recibían permisos de vacaciones, ascensos, comisiones en el extranjero, premios y felicitaciones”, señaló José Miguel Vivanco.
Frente a lo que dijo el expresidente Uribe sobre que en su gobierno se priorizaron las desmovilizaciones sobre las capturas y estas sobre las bajas, el director de HRW dice que eso es engañoso: “Esa norma fue aprobada en 2007 cuando ya habían ocurrido más de mil falsos positivos en su gobierno (según estimaciones conservadoras de Fiscalía)”.
El exmandatario aseguró que en su gobierno se estableció que los levantamientos de cadáveres debían ser realizados por (Cuerpo Técnico de Investigación) CTI. “Engañoso. Esa norma se dictó en 2006 cuando ya habían ocurrido al menos cerca de 500 falsos positivos en su gobierno (según Fiscalía). Muchas veces se incumplió”, expuso Vivanco.
Por otro lado Álvaro Uribe dice que los falsos positivos no nacieron en su gobierno a lo que el director de Human Rights Watch dice que fue “durante su gobierno que hubo los picos más altos, como lo ha dicho la Fiscal de la Corte Penal Internacional”.
Ademas, según expuso la JEP, coincidencialmente durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, cuya bandera política fue la seguridad, ocurrieron la mayoría de casos de ejecuciones extrajudiciales. Así lo deja ver esta gráfica del tribunal especial que muestra cifras de diferentes organizaciones sobre el número de víctimas de estos casos, pero todas coinciden en que el periodo 2002-2008 fue la cúspide de los falsos positivos.
“Uribe dice que muchos soldados fueron absueltos luego de “acusaciones falsas”. Olvida decir que más de 1700 miembros del Ejército (desde soldados hasta coroneles) han sido condenados por falsos positivos”, es otra de la información que desmintió Vivanco.
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