Defensoría del Pueblo reveló que 753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020

A pesar que el pasado 3 de febrero el presidente Iván Duque junto con la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, anunciaron la unificación de la información relacionada con los crímenes de líderes sociales en Colombia, en las últimas horas, la Defensoría del Pueblo decidió revelar sus propias estadísticas, en las que analizando las alertas tempranas emitidas entre 2016 y 2020 dan cuenta del terrible panorama de amenazas, desplazamiento y homicidios que viven las voces que se atreven a defender una causa en el país.

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De acuerdo con el informe de la entidad, entre 2016 y 2020, un total de 753 líderes fueron asesinados en Colombia, en el cual el año 2020 fue uno de los más sangrientos revelando que hubo 182 homicidios en 103 municipios de Colombia. Según la investigación, el 50% de los casos se concentró en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, correspondientes a la región Pacífica, como también en el departamento de Antioquia, siendo así estas cuatro zonas donde más se ha recrudecido la violencia contra líderes en los últimos años.

2016: 133

2017: 126

2018: 178

2019: 134

2020: 182

Total: 753

Pero la información no se queda allí, en otras formas de agresión de las cuales registró 4.281 casos, la entidad destacó 3194 amenazas 193 atentados, 31 desplazamientos forzados, 26 retenciones arbitrarias, 13 desapariciones forzadas, 13 secuestros, ocho casos de estigmatización, diez casos de destrucción de bienes, entre otros.

“Del periodo referido, el año en que se ha presentado un mayor número de conductas vulneratorias es el 2018 con 1306 (del ponderando total) que corresponden a 1033 amenazas, 178 homicidios, 61 atentados, ocho retenciones arbitrarias, siete desplazamientos forzados y cinco desapariciones, entre otras conductas registradas”, agregó la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a las estadísticas por departamentos, la Defensoría del Pueblo indicó que el Cauca es la región donde menos se ha protegido a los líderes sociales durante los últimos cuatro años con un total de 414 hechos de violencia. Luego le siguen Bogotá con 299 casos y Norte de Santander con 267 agresiones.

Asimismo el informe agrega que, quienes están en la mira son los líderes comunales, contra quienes se han perpetrado 707 agresiones, seguidos de dirigentes indígenas con 624 casos , comunitarios (616), líderes de víctimas (564), activistas de derechos humanos (367), líderes de campesinos y agrarios (336), de afrodescendientes (250), servidores públicos (218), sindicalistas (176) y mujeres (126), entre otros.

“Este informe parte de la importancia del derecho a la vida y del reconocimiento de que toda muerte violenta de un líder social es, en sí misma, un atentado contra los principios del Estado Social de Derecho”, agregó la Defensoría.

De igual manera, el documento agrega que, la Defensoría del Pueblo identificó la existencia de factores de amenaza para defensoras de derechos humanos asociados a la presencia de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como también la disputa por control territorial entre Grupos Armados Organizados.

La información contenida en este reporte sobre las conductas vulneratorias registradas por la Defensoría del Pueblo ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus competencias (artículo 250 de la Constitución Política y artículo 66 de la Ley 906 de 2004).

Metodología de la recolección de información

El documento fue elaborado con acciones de “monitoreo y registro” que ejecutan 43 personas especializadas que hacen “las labores de levantamiento y análisis de información” en las regiones, así como por siete analistas nacionales “que consolidan los resultados” que llegan de todo el país.

Igualmente, la Defensoría añadió que, “un analista nacional dedicado exclusivamente al acompañamiento, análisis, seguimiento y evaluación de la situación de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”.

Asimismo, la entidad establece que la metodología implementada está sujeta a la Resolución 074 del 14 de agosto de 2020 indica que, una vez la entidad conoce del hecho violento, se verifica en territorio con las autoridades locales, organizaciones sociales y comunidad en general, la condición de defensor de derechos humanos, líder o lideresa social de la víctima.

Esta información es recopilada y analizada como elementos determinantes en la caracterización de los escenarios de riesgo que realiza la Defensoría del Pueblo y es posteriormente remitida a la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus competencias.

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