Colectivo de abogados alerta a la Corte Constitucional por posibles conflictos de interés en el legislativo

La Corte Constitucional de Colombia, tribunal de cierre, está procesando una alerta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del exmagistrado del Consejo Nacional Electora, Armando Novoa, en la que advierten que existe interferencia de financiadores de campañas dentro de las decisiones del Congreso de la República.

El pasado 10 de noviembre fue presentada la demanda ante la Corte Constitucional del literal e del artículo 1 de la Ley 2003 de 2019. De acuerdo con dicho aparte, se desmonta el régimen de conflicto de interés en el que los parlamentarios se encuentran en obligación de declarar el impedimento cuando se debaten o aprueban leyes.

“Esta figura del régimen de conflicto de interés obligaba a los congresistas a expresar públicamente que no podían intervenir en un debate o votar un proyecto cuando habían sido financiados por industrias que podrían beneficiarse, o verse perjudicadas, por dicho debate o votación”, expresa el comunicado del colectivo.

La solicitud de los demandantes radica en considerar inconstitucional la norma para detener a los poderes económicos de interferir en los debates legislativos. En el momento, de acuerdo con El Espectador, el documento está en el despacho de la magistrada Cristina Pardo, vicepresidente recién posesionada del tribunal. Según el mismo medio, Transparencia por Colombia envió un concepto que explica que, si bien la financiación es legítima, habría un alto riesgo de que la manipulación ocurra.

El diario capitalino afirma que la organización adjuntó resultados de una encuesta de la Universidad Externado en 2016 que revela que el 51% de los empresarios consideran los aportes a campañas como soborno.

Transparencia por Colombia, además, mostró que el 46% de los ingresos de las aspiraciones políticas venían de privados. De acuerdo con Gerardo Hernández, director de la organización, la excesiva dependencia de la financiación puede incrementar “el riesgo de asumir compromisos políticos de financiadores particulares que puedan incidir indebidamente en la actividad legislativa de los congresistas”, expresó, según reporta el medio. Sin embargo, el vocero agregó que no hay manera de solucionar la problemática, pero, “cuanto más transparente sea la rendición de cuentas y el trámite de conflictos de interés, habrá mejores condiciones para prevenir que la actividad legislativa sea cooptada por intereses particulares”.

Entre los debates que han permeado intereses particulares, de acuerdo con los conceptos enviados a la Corte, están las decisiones implicando bebidas azucaradas, productos comestibles ultraprocesados y asbesto. “Algunas de las prácticas de interferencia mencionadas en dichos estudios incluyen el lobby o cabildeo corporativo, la autorregulación y la captura de espacios de decisión pública —los actores privados suplantan a los reguladores públicos para evitar que se tomen medidas en contravía de sus intereses—, las puertas giratorias, el pago de expertos con conflicto de interés para invalidar argumentos de salud pública o derechos humanos y la difusión de argumentos inexactos para crear miedo económico”, dicta la demanda, de acuerdo con el reporte del medio.

De acuerdo con el concepto de la Universidad de los Andes, en el caso de las bebidas azucaradas pasa a un segundo plano la repercusión en salud. “Es claro que los intereses privados han permeado los de muchos congresistas, generando alianzas con los gremios empresariales. Entonces, a pesar de las graves repercusiones en la salud que implica el consumo desproporcionado de estas bebidas y la falta de información, el cabildeo político y la influencia de los intereses privados no han permitido la lucha contra esta problemática”.

De acuerdo al escrito de la organización Red Papaz, enviado a la Corte Constitucional, lo que puede pasar en un debate próximo en materia de alimentos ultraprocesados es que los representantes expresen que han sido financiados, pero no se declaren impedidos. “Finalmente, el proyecto de ley se archiva. En las siguientes elecciones las empresas de la industria de los productos comestibles ultraprocesados vuelven a financiar las campañas de estos congresistas para que sean reelegidos”.

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