Sigue la disputa entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Álvaro Uribe Vélez, quien el pasado 18 de febrero se sintió aludido por un nuevo reporte de la entidad, según el cual las víctimas por ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos, fueron 6.402, casi 4.200 más de las reportadas inicialmente para el periodo 2002 - 2008 por la Fiscalía General de la Nación.
Aunque para el exmandatario colombiano se trata de un “nuevo atropello” que busca “desacreditarlo”, el presidente de dicha corporación, Eduardo Cifuentes, respondió este viernes 19 de febrero que no se trata de eso, “de ninguna manera. Se trata del examen minucioso y la verificación y ponderación que hizo la sala de reconocimiento y efectivamente la estadística habla por sí sola, este es un periodo que en todo caso muestra un ascenso inusitado de este delito sistemático”.
Vale recordar que, el también exsenador emitió un comunicado con 15 puntos rechazando el informe y justificando que, “Recién iniciado el Gbno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas (FFAA) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”.
De igual manera, argumentó que retiró de sus cargos “a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008, decisión a raíz de un informe del Ministerio que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos”. E incluso, señaló que “no hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”.
Todo ello, a pesar de que la JEP nunca lo menciona en el informe, aunque, eso sí, habla de un periodo de tiempo en el que Uribe era el presidente de la República y por ende, el comandante en jefe de las Fuerzas Militares.
Ante la polémica, Cifuentes ofreció a Noticias Caracol más detalles sobre el informe que da cuenta de los falsos positivos en Colombia, señalando que, las cifras publicadas provienen de siete bases de datos tanto nacionales como internacionales, incluyendo dos de la Fiscalía, como el SPOA; una del Centro de Memoria Histórica, versiones voluntarias y testimonios de implicados y hasta de fuentes como ONG de Estados Unidos y Europa.
“No hubo un solo banco de datos que no fuera objeto de escrutinio y de verificación, tanto los públicos como los privados, y quiero señalar que, en la JEP también participan las víctimas y las organizaciones de víctimas y no tenemos por qué estigmatizar ningún banco de datos de víctimas”, explicó el presidente de dicha corporación.
Adicionalmente, el magistrado le dijo al noticiero que se decidió investigar entre los años 2002 y 2008, porque es el periodo de tiempo en el que se detecta un crecimiento considerable en la curva de frecuencia con la que se presentó el delito en el país. De igual forma, señaló que “desde el punto de vista del derecho internacional, es uno de los capítulos más negros de la historia del conflicto armado, que necesita ser reconocido por Colombia en términos de verdad y responsabilidad”.
Finalmente, Cifuentes señaló que por los falsos positivos solo hay, hasta ahora, 1.470 condenas, las cuales “son pocas frente a la magnitud de delitos tan sistemáticos como los que se han puesto de presente. De otra parte, hay impunidad, hay una cifra de subregistro, por eso responsable y seriamente lo primero que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz es determinar cuál es ese universo delictivo respecto del cual hay que identificar los patrones de comisión de esos delitos y también establecer quiénes son los responsables de estos patrones”.