El gobierno de Iván Duque no ha podido proteger a las comunidades : José Miguel Vivanco

La Comisión de Paz del Senado de la República, con la presencia de José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, debatió el informe “Líderes Desprotegidos y Comunidades Indefensas”, en el cual la organización detalla la situación de líderes sociales en el país.

En su intervención, Vivanco elogió a la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, quien hace pocas semanas visitó zonas próximas al Catatumbo, confirmando la presencia de grupos insurgentes. Además, resaltó la gestión del antiguo defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y expresó que espera que la misma institución, junto a la ONU, esté frente a la denuncia de este tipo de delitos.

El director de Human Right Watch reveló las cifras registradas por Naciones Unidas con respecto al asesinato de líderes sociales. “De acuerdo a Naciones Unidas, desde el 2016 a la fecha, han sido asesinados 421 líderes sociales o defensores de derechos humanos. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en ese mismo periodo, han sido asesinados por sobre 700 personas”.

Además, según el estudio de la organización, Vivanco determinó las razones detrás del incremento de los asesinatos. “Se ha venido incrementando desde la desmovilización de las FARC. Esa desmovilización, que tiene lugar con motivo del Acuerdo de Paz, deja en los hechos un vacío en en muchos territorios del país. Un vacío que es llenado por múltiples grupos irregulares armados, disidencias de las FARC; pero también el ELN, el EPL, grupos sucesorios de los paramilitares, carteles, mafias de todo orden y las AGC. Arremeten, presionan, extorsionan, amenazan y asesinan a líderes que en los hechos están cumpliendo tareas que corresponden al Estado”.

De acuerdo con Vivanco, existe una falta de presencia Estatal en los lugares más impactados por estos delitos. “En estas regiones del país no hay mayores oportunidades económicas o servicios públicos como acceso a la salud, educación u oportunidades laborales. Tampoco hay un verdadero y genuino acceso a la justicia”, aseveró.

Además, resaltó que la gestión de Iván Duque, presidente de Colombia, ha sido insuficiente e, incluso, ha generado un aumento sustancial en las muertes de los líderes sociales.

“La fuerza pública, que en algunos de estos territorios tiene presencia, está orientada fundamentalmente a capturar o dar de baja a los sicarios o líderes de estos grupos irregulares armados; pero no a proveer de protección a las comunidades, a la población, o hacer esfuerzos para desmantelar estos grupos”, dijo, haciendo énfasis a que no se le quita la fuerza a dichos grupos.

El director dijo que cada vez que se elevan denuncias, la respuesta del gobierno actual es usualmente el despliegue de tropas con la misión de dar de baja o capturar. “Pero no ir más allá, ofreciendo o diseñando un plan de protección efectiva a la población”.

Agregó que tanto en el Cauca como en el Catatumbo, dos sectores altamente peligrosos identificados por HRW, se ha aumentado el pie de fuerza durante el Gobierno de manera considerable. Si bien la organización no lo objeta, la falta de medidas adicionales en seguridad y en acceso a la justicia se traduce en que “los asesinatos de líderes sociales continúen e incluso se sigan incrementando. No solo asesinatos, sino también el homicidio. No hay una correlación entre la militarización de ciertas zonas y un incremento efectivo de la seguridad de las comunidades”.

De acuerdo a la intervención del defensor de los derechos humanos, los casos de asesinatos se han ido incrementando dramáticamente y en el 2021 registran 53 asesinatos confirmados y 80 casos por verificar. El estudio de Vivanco determinó que hubo un aumento de las muertes entre 2019 y 2020, a pesar de la pandemia y las medidas que se tomaron para reducir la movilización para controlar los contagios de COVID-19.

La Unidad Nacional de Protección, de acuerdo con Vivanco, tiene un rol clave en la protección individual con 400 defensores objeto de medidas de seguridad. Sin embargo, el director argumenta que el presupuesto de la misma es insuficiente frente a grupos vulnerables con una asignación de 250.000 dólares para protección colectiva. Sin embargo, el presupuesto general de la institución es de 300 millones de dólares.

“Hay que tener en cuenta que el 99% de las personas que son asesinadas no cuentan con protección. Los casos de personas asesinadas, que ya contaban con protección de la unidad, son muy pocas. Son cifras muy pequeñas”, señaló quien calificó el presupuesto como “irrisorio”.

De acuerdo con el senador Iván Cepeda, miembro de la comisión y presente en el debate, también se presenta un subregistro en materia de investigación penal. “Es evidente que las cifras que maneja la Fiscalía no son las del universo real de los crímenes que se cometen según otras agencias del Estado o de las propias Naciones Unidas”.

Finalmente, Roy Barreras anunció que se creará una subcomisión para vigilar la crisis en Buenaventura con la presencia de los legisladores Alexander López, Antonio Sanguino, Guillermo García Realpe, Luis Fernando Velasco, Jhon Milton Rodríguez y Roosvelt Rodríguez. Además, se planea que los integrantes de la Comisión de Paz se reúnan con el senador Patrick Joseph Leahy en Estados Unidos para buscar recursos para áreas vulnerables.

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