Destituyen e inhabilitan a funcionarias de oficinas de registro público en Bogotá y Sincelejo

Por hechos irregulares en medio del desarrollo de sus funciones, la Superintendencia de Notariado y Registro sancionó a dos funcionarias cuyo rango de actuación era en dos lugares distintos del país.

Se sancionó a Lilia Patricia Ruiz Hoyos, quien se desempeñaba como técnico operaria en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de la zona sur de Bogotá e incurrió en una falta disciplinaria al ingresar información irregular al sistema de bases de datos de la Superintendencia.

La funcionaria se encargó de alterar la información en el campo de la descripción, cabida y linderos de varios folios de matrículas inmobiliarias en los registros de instrumentos públicos de la oficina en la que ejercía sus funciones como técnico operaria. Para lograr su propósito, empleó turnos de corrección y modificaciones así como incumplió con los requisitos legales de la entidad.

En su laudo, la Superintendencia declaró que “De esta forma, vulneró la idoneidad del registro contemplada en el estatuto registral y demás normas e instrucciones que señalan el procedimiento para realizar correcciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012″.

Este caso fue denunciado en el año 2015 debido a un trabajo investigativo del programa del Canal Caracol “Séptimo día” en el que se denunció estas irregularidades,  al parecer solicitadas por personas que buscaban evadir pagos de derechos registrales y escriturales como trámites de licencia de construcción, necesarios para proceder a mejorar inmuebles para ponerlos en el mercado.

Ruiz no fue la única sancionada en la investigación de la Superintendencia; la entidad afirma que por hechos similares han sido sancionadas 4 exfuncionarias más de esta oficina, lo que daría un total de 5 penalizados en la ORIP sur de Bogotá, quienes además tienen un procedimiento de seguimiento en la Oficina de Control Disciplinario de la entidad.

También fue sancionada con inhabilidad y destitución por 10 años la abogada Juliana María González García en la ORIP de Sincelejo, Sucre.  El motivo de la infracción es una irregularidad detectadas en los registros de dicha oficina.

De acuerdo con el reporte de la entidad, la abogada González habría omitido el estudio jurídico de un folio de matrícula pasando un inmueble catalogado a uno de falsa tradición. Esto significa que sin ser el titular de la propiedad pasó a plena propiedad, además de no llevar a cabo los estudios en los que se evidenciaba la inhabilidad para consolidar el traspaso de los bienes.

La Superintendencia afirma que para este caso no era procedente el registro, por lo que la funcionaria debió haber generado la devolución del caso o pasar un informe para la debida investigación y actuación administrativa.

Además, con posterioridad la abogado alteró el Sistema de Información Registral de la oficina en Sincelejo, con la intención de ajustar la situación jurídica del folio sobre el que mantenía interés.

En medio de las sanciones, la Superintendencia recordó que anteriormente fueron sancionados otros funcionarios de oficinas en Florencia y San Vicente del Caguán por hechos de corrupción que están tipificados bajo delitos como falsedad ideológica en documento público y prevaricato.

La Superintendencia de Notariado y Registro señala que mantendrá la lucha contra la corrupción y permanecerá vigilante de este tipo de actuaciones de funcionarios en todas las oficinas del país con el objetivo de salvaguardar la seguridad jurídica de los derechos de la propiedad inmobiliaria en el país.