Con el homicidio de un médico ancestral indígena en Chocó, Colombia registra 24 líderes sociales asesinados en 2021

La matanza de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país nada que para, y en los dos primeros meses de este 2021 el país registra la escabrosa cifra del homicidio de 24 de ellos, de acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El más reciente ocurrió el pasado miércoles 17 de febrero, según informaron en esa organización no gubernamental, y se trató del médico tradicional indígena Alejandro Manugama Cheché, quien fue ultimado en el resguardo Tahamy del Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó en Chocó, a orillas del Pacífico.

En Indepaz indicaron que, según la información que recibieron, los autores del crimen de Manugama serían integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, debido a que en días previos al homicidio se había reportado la presencia de hombres armados del Frente de Guerra Occidental de ese grupo armado al margen de la ley.

El exsenador y líder indígena Gerardo Antonio Jumi publicó en su cuenta de Twitter fotos del homenaje fúnebre que le realizó la Guardia Indígena a Manugama, e indicó que su crimen se perpetró mientras realizaba labores de agricultura con sus cultivos tradicionales.

Según las cifras de Indepaz, en Colombia fueron ultimados 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el 2020, el año más crítico para estas personas de acuerdo con esa organización, y van 1.140 desde la firma del acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano.

El pasado fin de semana también se reportó el asesinato de otro indígena, el líder juvenil Orlando Manuel Chimá, quien pereció en medio de un enfrentamiento entre la fuerza pública y al parecer el grupo armado ilegal de ‘Los caparros’ en Piamonte, corregimiento del municipio de Cáceres (Antioquia), ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, en el occidente del país.

Según informaron en la organización Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/as Sociales, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Antioquia, el joven indígena estaba trabajando en una mina de la zona, pero no pudo resguardarse en el enfrentamiento y falleció en medio del intercambio de disparos.

“Lamentablemente, hasta el sitio donde el joven intentó protegerse llegaron las balas y ahí fue asesinado. Eso demuestra que los grupos armados no están respetando los derechos humanos cuando la población civil está en medio de este fuego cruzado”, aseguró Yesid Zapata, vocero de esa organización.

Este hecho ocurrió en medio de denuncias por confinamiento y desplazamiento en Cáceres (Antioquia), realizadas por la Organización Indígena de Antioquia (OIA). El pasado 10 de febrero, 231 familias del pueblo Zenú, que habitan el municipio, se encuentran desplazadas, confinadas y desabastecidas por la presencia y enfrentamiento de grupos armados en la zona.

La OIA emitió un comunicado de prensa en el que detalló que las comunidades que se han visto más afectadas son Isla la Dulzura, Jardín la Esperanza, Alto del Tigre, Puerto Santo Manantial, Guarumo Balay y José de los Santos.

“Estas comunidades hoy no tienen qué comer, entre otras cosas, porque no pueden acceder a sus cultivos o realizar actividades propias de pesca en el río Cauca, por prohibición de los grupos armados al margen de la ley”, denunciaron en la organización.

Agregaron también desde la OIA que los indígenas en el Bajo Cauca antioqueño están en riesgo de caer en el reclutamiento forzado, trabajos comunitarios obligatorios, extorsiones y desplazamientos. También deben confinarse diariamente, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, para no ser víctimas de enfrentamientos armados. Así mismo, tienen limitado el acceso a servicios básicos y son estigmatizados.