El pasado 4 de septiembre de 2020, a través de las redes sociales, circularon desgarradores videos de un centro de atención inmediata (CAI) donde se encontraban detenidos varios jóvenes que pedían ayuda porque había un incendio en las instalaciones. Las madres y familiares de los jóvenes gritaban a las afueras del CAI y buscaban desesperadamente la forma de sacarlos de allí, sin recibir la suficiente ayuda de los policías presentes.
Ocho jóvenes perdieron la vida en el incendio, por lo que el caso llegó a la justicia para determinar el grado de responsabilidad de los uniformados en esa tragedia y el esclarecer cómo y por qué el CAI terminó envuelto en llamas.
Este jueves 18 de febrero, la Fiscalía imputó cargos a los uniformados Aleida del Pilar González, Jorge Eliécer Suárez Orduz y Gabriel Ruiz Moreno, quienes no aceptaron los cargos y se declararon inocentes de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.
En la audiencia de judicialización, el ente acusador presentó presentó los videos en los que se observa la desesperación de los internos que piden ayuda para que salir de la celda, y pidió al juez primero de Soacha que asegure a los uniformados con medida privativa de la libertad.
<b>Abogados de los policías quieren llevar el caso a la Justicia Penal Militar</b>
Los abogados de estos tres uniformados quieren llevar la investigación a la Justicia Penal Militar, según ellos, porque los implicados no tenían ninguna capacitación para cuidar a personas privadas de la libertad e insisten que no debe ser la justicia ordinaria la que juzgue a estos policías. Así lo detalló Noticias Caracol, que agregó que el día del incendio los policías al parecer tuvieron que ver con el inicio de la conflagración, según se lo contó a la Fiscalía testigos de la tragedia.
“Los policías dijeron ‘pues quémense’, y con unas llaves empezaron a moverlas en frente y dijeron ‘quémense’, yo estaba doblando las cobijas de atrás”, contó en la audiencia Narda González, procuradora delegada para este caso, y quien obtuvo este testimonio de uno de los jóvenes sobrevivientes.
En Noticias Caracol también habló el concejal de Bogotá, Diego Cancino, uno de los primeros en hacer pública esta denuncia. “Lamentamos que se haya tenido que posponer una semana este proceso y que estemos empezando el proceso de judicialización”, dijo Cancino, quien agregó: “Rechazamos tajantemente la petición de esos abogados al pedir que se pase la investigación de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción penal militar, están pidiendo que el caso quede en la impunidad”.
Según primeras investigadores, en la escena de los hechos, que ahora se convertiría, según los testimonios, en la escena de un crimen, se encontraron rastros de gasolina, lo que habría desatado la propagación masiva del fuego. Así mismo, quedó reportado que, según testigos del caso, no hubo mucho esfuerzo humano, por parte de las autoridades, de salvar a los jóvenes dentro del CAI.
Por estos mismos hechos, avanza en la Procuraduría General el juicio contra los patrulleros, pues con su comportamiento, presuntamente omisivo, habrían incurrido en los delitos de homicidio y lesiones con perturbación funcional.
De acuerdo con el Ministerio Público, el teniente César Martínez y la subteniente Aleida González, quienes se desempeñaban como comandante y subcomandante de la estación de Policía, al parecer no habrían impartido las órdenes necesarias para evitar las lesiones de tres de los detenidos y la muerte de las ocho personas restantes que compartían la celda.
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