Pobladores de Providencia manifiestan su preocupación por la ampliación del aeropuerto

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia-UNAL, adelantado por la bióloga Alessandra Trujillo López, investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la misma institución, señala que pese a que el proyecto del Aeropuerto El Embrujo está suspendido, “persiste la preocupación por posibles cambios en la delimitación del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon”.

Cabe mencionar que, a las preocupaciones de los raizales se suman los anuncios del Gobierno nacional sobre proyectos para reconstruir y reactivar la economía de la isla tras el paso del huracán Iota, lo que según el informe de la UNAL, “pondría en duda el abandono real del proyecto”.

“Esta iniciativa se enmarca dentro de la gestión del territorio, que se puede entender como las decisiones que lo transforman, que suelen estar encaminadas a ofrecer un servicio como el turismo, pero sería perjudicial para otros aspectos, como el ambiental”, señala la investigadora.

A su vez, agrega que “una mala gestión del territorio puede llevar a afectaciones de los ecosistemas por las acciones humanas. Cuando esas problemáticas son visibles para la comunidad surgen conflictos ambientales, en la medida en que se perciben diversas formas de ver el territorio y diferentes intereses. En ese punto, los mecanismos de participación sirven para garantizar la inclusión de los actores en esa gestión, dándoles derecho a incidir en las decisiones durante el desarrollo de los proyectos”.

“Los datos disponibles muestran que en 2015 llegaron a San Andrés casi 1 millón de turistas, mientras que a Providencia solo llegaron unos 10.000. Esa conectividad diferencial se remonta al siglo pasado, cuando se instauró el puerto libre, lo que ocasionó una ola migratoria y el aumento de la población flotante de turistas”, revela la investigadora Trujillo.

De acuerdo con el informe de la UNAL, una de las consecuencias de ese cambio es que la comunidad raizal en San Andrés llega apenas al 48 % y en Providencia al 92 %, según datos del Dane de 2020.

Además, detalla que eso ocasionó que “la cobertura de servicios públicos y de infraestructura en la Isla no se diera en la misma medida que el crecimiento de la población o los visitantes de San Andrés, causando graves problemas, como que solo el 20 % del lugar tenga acueducto, comparado con el 80 % en Providencia”.

“La población de Providencia se opone al proyecto, además, porque considera que su isla no tiene la capacidad para recibir un aumento de turistas por la deficiencia en servicios como el alcantarillado, que no alcanza a cubrir el 10 % del territorio”, recoge la bióloga Trujillo.

De acuerdo con Trujillo, si más turistas llegan a la isla también aumentaría “la dependencia de importaciones, la contaminación por vertimiento de aguas residuales, la demanda de recursos naturales limitados y los megaproyectos hoteleros que harían más presión sobre el patrimonio”.

Así entonces, explica que dichas iniciativas, “terminan homogeneizando el paisaje y disminuyen la competitividad del destino”, ya que por lo general son de capital extranjero, “y dejan un bajo aporte a la economía local”.

Por otro lado, señala que el modelo “todo incluido” (alojamiento, transporte, alimentación, recreación) reduce los precios y cambia el perfil de turista, ya que lo deja sin opciones de probar lo local.

“Ese modelo también excluye a la comunidad en lo físico, porque se privatizan las playas, por ejemplo, se crean empleos con baja remuneración, y por depender de la estacionalidad del turismo presentan poca estabilidad”, sostiene la bióloga Trujillo.

El informe de la institución educativa señala que la inclusión de los pobladores en las decisiones sobre la gestión y planificación de su territorio, en proyectos como la ampliación del aeropuerto, “muestran que el tema ya forma parte de la comunidad”.

Por eso, la investigadora Trujillo hace énfasis en que “todos los aspectos deberían ser analizados y estudiar sus implicaciones para no perjudicar el desarrollo sostenible que han planteado las comunidades raizales para su Isla, que se debe orientar al gasto turístico y promover que quienes lleguen dejen más dinero a las comunidades y a empresas locales y sostenibles con el ambiente”.

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