Este 17 de febrero, 1.290 personas y organizaciones exigieron al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, garantías en el proceso judicial adelantado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y compra a testigos, así como las ha venido exigiendo el senador Iván Cepeda.
Lo hicieron mediante un documento de 34 páginas, la primera de ellas, una carta, y las demás con las firmas de quienes se unieron al llamado. En la misiva, los 1.290 firmantes se refieren a la falta de garantías que, según ellos, ofrece el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, que antes estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El siguiente, es uno de los apartados de la carta:
Compartimos la preocupación del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, por la ausencia de garantías que ofrece el fiscal Gabriel Jaimes, el desconocimiento de las pruebas ya practicadas por el máximo tribunal de la justicia penal en Colombia y el intento de desviar la investigación hacia el testigo principal de esta causa
El testigo principal al que se hace referencia en la carta es Juan Guillermo Monsalve. Este miércoles, la juez 47 con función de garantías dio, a tres compañías de telefonía, la orden de entregar mensajes de texto y voz, además de los registros de las llamadas, de 7 SIM cards incautadas en enero de 2020 en la celda de Monsalve. Los registros habían sido solicitados por el fiscal Gabriel Jaimes, para allegarlos al expediente, según informó El Tiempo el fin de semana que pasó.
La preocupación de Cepeda, también citada en la misiva, ha sido manifestada los últimos días tanto por él como por su apoderado, el abogado Reinaldo Villalba. Ambos han advertido que, desde que el proceso llegó a la Fiscalía, no ha existido ninguna clase de garantías para las víctimas y sus abogados.
“De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes”, señaló el político.
Así mismo, dijo que llama la atención que el despacho del fiscal Jaimes “ha desconocido decisiones de los jueces; no ha contrastado las declaraciones de Diego Cadena y el exsenador Uribe, las cuales se contradicen. Al igual que, no ha hecho ningún esfuerzo en examinar el `modus operandi´ que demuestra la práctica de acudir a testigos falsos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez en las investigaciones que se adelantan en su contra”.
Por las razones en mención, es que los ciudadanos que suscribieron la carta pública, le solicitan al “Fiscal que ofrezca plena y reales garantías en la actual etapa procesal y que sus delegados observen el principio de no impunidad que debe guiar el organismo fiscalizador que usted dirige”.
En el documento, los firmantes ratifican:
El país quiere verdad y justicia en este caso cuya resolución será importante para el devenir democrático del país
Entre los firmantes del documento está Ángela María Robledo, representante a la Cámara; Antonio Sanguino, senador; Clara López, exministra y exnegociadora de paz con el Eln; Rodrigo Granda Escobar, exnegociador de paz y dirigente del partido Comunes; Germán Castro Caicedo, escritor y periodista; Gonzalo Sánchez Gómez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica; y León Valencia Agudelo, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Entre las organizaciones se encuentra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz); la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas; el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep); y Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).
“Nos constituimos en veedores públicos de este proceso invocando el Estado de Derecho y la majestad, autonomía e independencia de la justicia”, se agrega en la misiva.
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