Álvaro Uribe asegura que el anuncio de la JEP acerca de falsos positivos busca desacretidarlo

Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitiera un auto en el que asegura que entre 2002 y 2008 se produjeron 4.154 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, más de las que reportó la Fiscalía General de la Nación, el presidente de esa época, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció acerca del reporte. En la tarde de este 18 de febrero, el político aseguró que este es un “nuevo atropello” del mecanismo de justicia transicional que busca desacreditar su nombre.

“Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias. Refiero en esta nota a algo de lo que he repetido sobre el tema, que venía de décadas atrás con la particularidad de que en los gobiernos que presidí ordené que todo se ventilara públicamente”, aseguró Uribe en un comunicado de prensa.

En el documento emitido por el expresidente, se enumeran 15 medidas que dan cuenta de las acciones que tomó en su gobierno para “garantizar la transparencia de la política de Seguridad Democrática”. Así mismo, recordó que la Comisión Civil de la Verdad, dirigida por el activista Herbín Hoyos, demostró que no existió el falso positivo de Dabeiba.

Uribe escribió que las denuncias por ejecuciones extrajudiciales empezaron en 2003, promovidas por organizaciones no gubernamentales que estaban en desacuerdo con su política de gobierno. El mandatario aseguró que desde entonces, para darle garantías a los colombianos, ordenó un lineamiento claro para levantar los cuerpos de las personas muertas en combate.

“ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas (FFAA) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía”, dijo Uribe.

Es importante mencionar que el político señaló a diez organizaciones específicas de estar detrás de esta acusación, ya que son “enemigas declaradas” del gobierno que presidió. Entre los grupos están el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP), Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Madres Víctimas de los Falsos Positivos (MAFAPO), Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

El exmandatario también recordó que, durante su gobierno logró que se le imputaran cargos a quienes perpetraron masacres y tenían nexos con el narcotráfico. Uno de estos hechos, indica el documento, ocurrió a finales de 2008, cuando se suspendieron a 27 oficiales del Ejército porque se presumía que tenían conductas penales en uno de los casos y falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos.

También aseguró que, su política de gobierno no pretendía aumentar las cifras de muertos en el país, sino, por el contrario, promover la reinserción de los actores armados a la vida civil. En este punto, Uribe aprovechó para volver a atacar el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz. En nuestro Gobierno las capturas fueron 36363 y las bajas 13992. Siempre me pregunto si nuestra tarea hubiera sido propiciar el asesinato, ¿por qué el país avanzó tanto en seguridad?”, manifestó el expresidente.

Al finalizar el documento, Uribe también aseguró que ha sido uno de los mandatarios que “más ha hablado con integrantes de las fuerzas armadas” ilegales y que las acusaciones de la JEP afectan a “muchos soldados inocentes”.

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