En riesgo de que precluyan procesos judiciales de dos exfuncionarios del gobierno Uribe en caso de las ‘Chuzadas del DAS’

El proceso judicial que se le lleva a los dos altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el espionaje ilegal a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y del que se señaló que se habría perpetrado por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaría en riesgo de precluir.

Según información del periódico santandereano Vanguardia se trata de Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y de Cesar Mauricio Velásquez, entonces secretario de prensa en el segundo periodo del gobierno de Uribe.

En un artículo del periódico El Colombiano de Medellín indicaron que, por lo que serían maniobras dilatorias, estos procesos correrían la misma suerte de preclusión como ocurrió con dos abogados de exparamilitares implicados en este caso de seguimientos y escuchas ilegales.

De acuerdo con información de la emisora W Radio, se trata del jurista Sergio Augusto González Mejía quien fue el defensor de José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, exparamilitar a quien se le señaló de acusar falsamente al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de esa época, Iván Velásquez, por supuestamente haberle ofrecido beneficios si acusaba al entonces presidente Uribe.

También ocurrió lo mismo con Diego Álvarez Betancourt quien fue el apoderado del ‘expara’ Sergio Antonio López, alias Job, quien fue sindicado de acordar un plan delincuencial para grabar clandestinamente reuniones de magistrados auxiliares de la Corte con internos en la cárcel La Picota y diligencias reservadas en ese alto tribunal.

Según informaron en El Colombiano, los procesos de estos dos abogados estuvieron marcados por maniobras dilatorias, por las que incluso se tuvo que compulsar copias a para que se investigara al entonces director regional de la Defensoría del Pueblo, Rafael Hernando Navarro, por constantes aplazamientos de dichas diligencias.

De acuerdo con este diario, la Fiscalía solicitará al Consejo Superior de la Judicatura que se declare la complejidad excepcional para que el juez del caso se dedique solo a ese proceso.

Esta alerta se da luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara la semana pasada que estudiará la impugnación de las condenas de la exdirectora de esa entidad, María del Pilar Hurtado y de Bernardo Moreno, exsecretario de general de la Presidencia.

Hurtado, quien en 2006 fue nombrada directora del DAS, renunció al cargo en 2008 y fue condenada a 14 años de cárcel en febrero de 2015 por responsabilidad en el caso. Por su parte, Moreno, quien fue nombrado secretario general en 2004, presuntamente recibía la información del DAS y se le condenó a 8 años de casa por cárcel. Sin embargo, el funcionario se encuentra en libertad condicional desde 2017.

Con el precedente de Andrés Felipe Arias, quien fue concedido a una doble instancia para estudiar su pena, se les concedió a los funcionarios anteriormente citados la impugnación especial.

La decisión se tomó por medio del criterio mayoritario de la Sala Plena y “se escogerá aleatoriamente a un magistrado ponente que conformará la Sala con los dos (2) magistrados que sigan en orden alfabético, quienes surtirán el trámite conforme a lo previsto en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 e indicarán al impugnante la fecha en que inicia el traslado para la sustentación respectiva”, aseveró el alto tribunal.