La Fiscalía General de la nación se encuentra supervisando e investigando a tres funcionarios de la Procuraduría por la presunta manipulación y destrucción de expedientes. Esta denuncia la realizó la procuradora de para asuntos disciplinarios Nancy Hoyos, quien le informó a la Fiscalía que ellos habrían destruido y desaparecido expedientes del despacho del exprocurador Fernando Carrillo.
“Habían aparecido unos alegatos de conclusión presentados dentro del proceso del congresista Didier Lobo, los cuales estaban desparecidos del despacho” contó Hoyos para Noticias Uno. También dijo que estos documentos fueron destruidos con la máquina cortapapeles.
“Me dirigí al bote de basura y pude ver que había documentos completos que deberían estar al interior de procesos. El documento mostraba hojas dobladas, lo que evidenciaba que había sido manipulado, por lo que procedí a meterlo en un sobre y se lo entregué al mayor Bonilla”, agregó la procuradora.
Esta investigación está relacionada con el pasado escándalo en el que, por medio de un vídeo, se supo que el exprocurador, Fernando Carrillo, de la mano de otros dos funcionarios, se encontraban contando dinero en su despacho.
Según información de la revista Semana, los hechos ocurrieron en el piso número 23 de la Procuraduría. También se supo que la Fiscalía conoció, durante la imputación de cargos que realizó en contra de Jesús Alejandro Garzón, abogados sustancial del exprocurador Fernando Carrillo, que los funcionarios que pedían dinero a cambio de modificar fallos en la Procuraduría, no era el único negocio que ofrecían.
La denuncia se presentó a principios de marzo del año pasado por una funcionaria de la institución y, posteriormente, la fiscal del caso le expuso a la juez de control de garantías los detalles de dicha denuncia en la que se explica que el abogado Garzón mantenía reuniones “extrañas” con otros funcionarios.
Cada hecho fue relatado que presentó la funcionaria, fue soportado con documentos y videos que, posteriormente, la Fiscalía presentó en la audiencia de medida de aseguramiento contra Jesús Alejandro Garzón.
“Se desaparecieron los alegatos de conclusión que daba la angustia por la búsqueda de estos (oficios) aparecieron en una pila de documentos, donde no debían estar. Segundo, que en el pasillo del piso 23 se evidenció una anomalía cometida por algunos funcionarios que se estarían entregando información aparentemente reservada que no atañida a ellos”, leyó la fiscal del caso.
La encargada de la denuncia le aclaró e informó a la Fiscalía que ya le había notificado de estas actividades irregulares al mayor Óscar Bonilla, de la división de seguridad de la Procuraduría, quien afirmó que en dicho despacho “se estarían adelantando actividades ilícitas”. “El documento mostraba hojas dobladas, lo que evidenciaba que había sido manipulado, por lo que procedí a meterlo en un sobre y se lo entregué al mayor Bonilla”, agregó Hoyos.
Por medio de una “trampa” conocieron quiénes estaban involucrados en la manipulación de expedientes, pues Bonilla le dijo a funcionaria que dejara con acetatos en las carpetas para obtener las huellas de quienes están manipulando los expedientes de manera ilegal.
De esta manera ya hay un mayor conocimiento sobre los implicados y, además, ubicaron en las carpetas que se adelantaba un proceso contra Jesús Santrich, el exjefe de las extinta guerrilla de las FARC, cuyo expediente se tiene la sospecha que también fue manipulado.
Según la Fiscalía, Alejandro Garzón le pidió 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar. Esta situación fue negada por parte del abogado. Ahora, sobre el video en el que se ve a Garzón y a otros funcionarios contando dinero en la sede de la Procuraduría, su abogado explicó que dicho dinero no sería ilegal, y sería destinado para una operación bancaria personal.