El pasado 4 de septiembre de 2020, a través de las redes sociales, circularon desgarradores videos de un centro de atención inmediata (CAI) donde se encontraban detenidos varios jóvenes que pedían ayuda porque había un incendio en las instalaciones. Las madres y familiares de los jóvenes gritaban a las afueras del CAI y buscaban desesperadamente la forma de sacarlos de allí, sin recibir la suficiente ayuda de los policías presentes.
Ocho jóvenes perdieron la vida en el incendio, por lo que el caso llegó a la justicia para determinar el grado de responsabilidad de los uniformados en esa tragedia y el esclarecer cómo y por qué el CAI terminó envuelto en llamas.
El caso transita actualmente en la justicia ordinaria, de hecho, el pasado 31 de enero la Fiscalía citó a una audiencia de imputación de cargos contra Aleida del Pilar González y Jorge Suárez, dos patrulleros que tendrían que responder ante la ley por el delito de homicidio doloso agravado o, como lo dice la imputación de manera literal, “homicidio doloso agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con homicidio doloso agravado tentado”.
Además, el pasado 9 de febrero, la Procuraduría General de la Nación anunció que, a través de la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, citó a audiencia pública al teniente César Augusto Martínez Fernández, a la subteniente González y al patrullero Suárez, por este mismo caso.
Hoy se conoció que los abogados de estos tres uniformados quieren llevar la investigación a la Justicia Penal Militar, según ellos, porque ellos no tenían ninguna capacitación para cuidar a personas privadas de la libertad e insisten que no debe ser la justicia ordinaria la que juzgue a los policías involucrados. Así lo detalló Noticias Caracol, que agregó que el día del incendio los policías al parecer tuvieron que ver con el inicio de la conflagración, según se lo contó a la Fiscalía testigos de la tragedia.
“Los policías dijeron ‘pues quémense’, y con unas llaves empezaron a moverlas en frente y dijeron ‘quémense’, yo estaba doblando las cobijas de atrás”, contó en la audiencia Narda González, procuradora delegada para este caso, y quien obtuvo este testimonio de uno de los jóvenes sobrevivientes.
En Noticias Caracol también habló el concejal de Bogotá, Diego Cancino, uno de los primeros en hacer pública esta denuncia. “Lamentamos que se haya tenido que posponer una semana este proceso y que estemos empezando el proceso de judicialización”, dijo Cancino, quien agregó: “Rechazamos tajantemente la petición de esos abogados al pedir que se pase la investigación de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción penal militar, están pidiendo que el caso quede en la impunidad”.
En la audiencia que se desarrolla este 17 de febrero, la Fiscalía pedirá detención intramural contra los uniformados, mientras que los abogados de las víctimas solicitaron que el caso lo siga manejando el ente acusador y no se vaya a la Justicia Penal Militar.
Según primeras investigadores, en la escena de los hechos, que ahora se convertiría, según los testimonios, en la escena de un crimen, se encontraron rastros de gasolina, lo que habría desatado la propagación masiva del fuego. Así mismo, quedó reportado que, según testigos del caso, no hubo mucho esfuerzo humano, por parte de las autoridades, de salvar a los jóvenes dentro del CAI.
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