73% de los colombianos no están de acuerdo con que se haga fracking en sus municipios

En la tarde del 17 de febrero, el periódico económico Portafolio dio a conocer los resultados del último Barómetro Petrolero, la encuesta organizada por la Asociación Colombiana del Petróleo, y que busca medir la percepción que tienen los colombianos sobre la industria. Allí, el 32 por ciento de los habitantes del país señaló que quiere participar en las decisiones sobre el fracking.

La cifra, que busca ofrecer una noción sobre la viabilidad social de este tipo de iniciativas, llega justamente después de numerosos comentarios, protestas y hasta amenazas por el inicio este año del primer Proyecto Piloto de Investigación Integral de Fracking (PPII) en Puerto Wilches, Santander.

Gracias al mismo, se determinó que el 74 por ciento de los colombianos consultados consideran que la industria petrolera es importante para el país, mientras que el 60 por ciento se declaró de acuerdo con darle más impulso al sector para que se convierta en un pilar de la reactivación económica luego de la pandemia del covid-19.

Eso, sin embargo, hace referencia a las técnicas tradicionales de extracción pues, de acuerdo con el diario colombiano, la información cambia drásticamente cuando se habla del fracking. De hecho, el 73 por ciento de los encuestados no está de acuerdo con que se adelante esta práctica en sus municipios. Para contrastar, el 18 por ciento de los colombianos se declararon indecisos sobre si aceptarlo o no, mientras que en 2020 solo 9 por ciento declaró lo mismo.

La cuestión se hace mucho más evidente cuando se observan los resultados del escenario piloto, pues el 69 por ciento de la población muestreada en Puerto Wilches se mostró en desacuerdo con la ejecución del proyecto dentro de su territorio.

No obstante, y como se dijo al inicio del texto, también creció la disposición de los nacionales para sentarse a la mesa a conversar del tema. En ese sentido, se dice que una tercera parte de los consultados quisieran participar en decisiones cruciales para el avance del fracking en el país, como la forma y los lugares en que se hará.

Cabe anotar que, desde encuestas previas —el barómetro se hace desde octubre de 2019— se viene comentando que para dar luz verde a los licenciamientos necesarios para esa metodología de extracción, es necesario que se den conversaciones sobre las características, impactos y oportunidades entre entidades nacionales, territoriales, locales y colectivos de la sociedad civil.

En ese sentido, ya se han dado varias interacciones, como el evento “Fracking y Licencia Social: ¿Posible?”, organizado por la ACP y en el que participaron expertos de licencia social, miembros de la Comisión de Expertos del fracking y representantes del Gobierno y Ecopetrol; o la llegada en los últimos días del Ministerio de Minas y Energía al municipio de Puerto Wilches para dialogar con la comunidad acerca del primer proyecto piloto del país.

Aunque se trata de avances, tampoco se puede negar que todavía existen dificultades profundas, como las amenazas en contra de los grupos que se oponen a este tipo de proyectos, que se viene denunciando desde el pasado 16 de febrero, precisamente en el mencionado territorio.

Ese es el caso de los jóvenes del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio -AguaWil-, que desde diciembre están organizando la defensa de su territorio frente a la posible implementación del fracking con acciones pacíficas de carácter pedagógico, cultural y de movilización para expresar su oposición a los PPII.

“Desde hace varios años hemos advertido sobre los riesgos que para las defensoras y los defensores ambientales representa el desarrollo de los proyectos piloto de fracking en territorios afectados por el conflicto armado, los cuales ocasionarían nuevos conflictos socioambientales como ya viene sucediendo. Así mismo, hemos cuestionado que la llamada licencia social, un concepto desprovisto de los contenidos constitucionales del derecho fundamental a la participación real y efectiva, sea tramitada, promovida o coadyuvada en medio de amenazas, presiones y exclusión de los habitantes de las zonas que podrían ser impactadas”.

Sobre estos hechos, un grupo de senadores envió una carta al presidente Duque, solicitando que este tipo de amenazas sean investigadas y se proteja la vida de los jóvenes.

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