Mediante un comunicado de prensa, dos exintegrantes de las Farc, hoy miembros del partido Comunes, solicitaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP) no ser juzgados como criminales, sino como rebeldes. Y pidieron a la II Misión de la ONU, los países garantes de los Acuerdos de Paz (Cuba y Noruega) y expertos internacionales como José Mújica y Felipe González, aunar esfuerzos para que el Gobierno de Iván Duque no cambie lo acordado tras la firma en el 2016.
Además del senador Israel Zúñiga, Victoria Sandino compartió el comunicado en su cuenta en Twitter con el siguiente comentario: “Las FARC-EP fue organización rebelde, lo que la llevó a ser contraparte de un Acuerdo Especial con el Estado colombiano y otros sujetos de derecho internacional. No fue un aparato criminal; una organización de este tipo no podría haber alcanzado jamás este reconocimiento formal”.
La solicitud se debe, según los senadores, a que la JEP ha tenido sucesivas alteraciones del Estado colombiano, aun cuando ellos han asumido su compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas. Al respecto, en el documento señalaron:
Ninguna institución del Acuerdo Final puede quedarse anclada a los criterios de guerra ni debe permitir que las presiones políticas les lleven a hacer concesiones a los enemigos de la paz.
La crítica que los exintegrantes de la guerrilla hacen a la JEP es la utilización de categorías jurídicas aplicadas a criminales comunes, desconociendo el carácter rebelde de la exguerrilla y, por ende, negando el conflicto armado colombiano, según ellos.
“Nuestro actuar fue dirigido siempre a construir soluciones sociales que permitieran ejercer nuestro derecho revolucionario al servicio de las comunidades. No pretendemos desconocer hechos que en el marco del conflicto generaron repudio por parte de la población, pero sí que se reconozca la naturaleza propia de la insurgencia de la armada de las FARC-EP, del conflicto colombiano y el espíritu del Acuerdo de Paz”, señalaron en la misiva.
De acuerdo con lo senadores, tanto el Acuerdo de Paz en Colombia como su modelo de justicia especial son un referente a nivel internacional, de ahí que no se debe tirar por la borda:
Un retroceso en el reconocimiento del carácter del conflicto armado, del derecho a la rebelión, el delito político o la aplicación de los estándares jurídicos internacionales, sería un mal precedente en las garantías de no repetición y la búsqueda de salidas incruentas a otras confrontaciones armadas en el país y en le mundo
El marco de referencia que el Acuerdo de Paz le mandató a la JEP, argumentaron los senadores de Comunes, es el DIH, DIDH y el derecho penal internacional. Así, pues, son esas categorías jurídicas las que la justicia especial debería seguir.
“La guerra nunca fue nuestra primera opción. Nos vimos obligados a ser parte de ella por la ausencia de reformas sociales y garantías democráticas que, en parte, quedaron mandatadas en el Acuerdo de Paz del que somos signatarios, pero que siguen sin materializarse en medio del desinterés cómplice del actual gobierno”, cuestionaron en el comunicado.
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