JEP señala al ELN como un obstáculo para la consolidación del Acuerdo de Paz.

“El ELN aprovechó la ausencia de una política integral del Estado que permita consolidar la paz territorial, así como la emergencia sanitaria por el covid-19, para llegar a zonas donde había perdido el control hace tres décadas”, contundente fue el llamado que realizó la JEP desde su unidad de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación para advertir de los riesgos que esta organización criminal ha sembrado en la consolidación del Acuerdo de Paz y en el trabajo investigativo de dicho tribunal.

La recuperación territorial del ELN coincidió con las medidas restrictivas impuestas bajo las condiciones de salubridad surgidas luego de la aparición del covid-19 en el país; sin embargo, este hecho inédito no fue el único que facilitó el accionar de dicho grupo armado: los asesinatos a líderes sociales y excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc son el otro motivo por el que el ELN impide el trabajo del alto tribunal.

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“Solo en Catatumbo, durante 15 días, 250 personas se desplazaron y un líder social fue asesinado cada cuatro días. Emboscadas, combates y atentados terroristas amenazan la seguridad de las comunidades”, aseguró la JEP en su alerta dirigida al gobierno.

El desglose de esta cifra demuestra cuánto ha avanzando dicha organización en su propósito de desestabilizar: Dos excombatientes y siete líderes sociales fueron asesinados entre el 25 de enero y el 7 de febrero, periodo en el hubo una masacre cada tres días.

La UIA (Unidad de Investigación y Acusación) de la JEP atribuye la posibilidad de un ‘paro armado’ en zonas de influencia del ELN que tendría dos objetivos: uno, demostrar al gobierno que cuenta con el suficiente poderío para intimidar a la población; dos, reaccionar ante la ofensiva del Clan del Golfo y Los Rastrojos, sus principales enemigos en los territorios.

Para la JEP, el recrudecimiento de la violencia es un obstáculo para el esclarecimiento de la verdad, en lo específico con el entierro clandestino de cuerpos en zonas como el suroccidente del país.

En ese sentido, la UIA señaló una masacre el 4 de febrero en el Cañón del Micay, suroccidente de Colombia, en donde el alto tribunal busca realizar esta labor forense.

También se reportó un desplazamiento forzoso de 300 familias del Resguardo Amparradó del Pueblo Embera, que posteriormente se radicaron en Dabeiba y Frontino (Antioquia) en medio de combates entre el ELN y el Clan del Golfo.

En Murindó, por presiones del ELN se encuentran confinados 2.000 indígenas de los Resguardos Ríos Murindó y Chajeradó. Cabe señalar que esta guerrilla amenazó a las comunidades con la instalación de minas antipersona en las entradas de ambos municipios para contener la ofensiva de sus enemigos e intimidar a la población.

Precisamente es Dabeiba, uno de los municipios de Antioquia que ha sufrido con el recrudecimiento de las acciones violentas del ELN. Allí, la JEP reportó 71 hallazgos forenses que buscan identificar a cinco personas en el marco de los casos 03 conocido como el de “falsos positivos” y el 04, que priorizó la región de Urabá.

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Como conclusión, la JEP señala una tendencia hacia la reactivación del conflicto en las zonas a las que ha llegado el grupo guerrillero. Se colige de esto que la guerrilla es el factor de mayor riesgo de ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior sin mencionar la incidencia del Clan del Golfo, que disputan a sangre y fuego el control de los territorios en los que la JEP busca desarrollar su trabajo.

La UIA señala que la expansión también tiene un motivo de reivindicativo: la Serranía del Perijá y la Sabana Araucana fueron territorios históricamente ocupados por los grupos armados antes de la llegada del estado, por lo que el ELN busca recuperarlos luego de la dejación de armas de las FARC-EP.