En lo corrido del 2021 van 73 víctimas de masacres, asesinatos de líderes sociales y excombatientes en Colombia

Son 73 el número de víctimas de masacres, asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc en Colombia en lo que va corrido del año. Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 42 personas perdieron la vida en las 12 masacres que han ocurrido en el paí; además, han sido asesinados 22 defensores de derechos humanos y 9 exguerrilleros.

De acuerdo con la entidad, no hay ninguna acción real por parte del Gobierno nacional para esclarecer estos crímenes y, peor aún, no hay ningún plan efectivo para evitar que sigan pasando.

“Tenemos prácticamente un asesinato por día de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación. Esto son casi dos masacres por semana” manifestó Camilo González, director del instituto.

Asesinatos de líderes sociales:

De acuerdo con el informe que entregó Indepaz, durante lo corrido del 2021, han sido asesinados 22 defensores de derechos humanos en Colombia. El director de Indepaz pidió una reunión con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y así, juntos, hacer las respectivas peticiones al Gobierno para que se detenga, de una vez, “el desborde de violencia contra los líderes comunitarios”, enfatizó González.

Camilo González fue claro en decir que las medidas de garantías de seguridad por parte del Gobierno nacional deben ser reales, ya que se están quedando solo en realizar consejos de seguridad, poner recompensas a las capturas y aumentar el pie de fuerza; sin embargo, ninguna de esas soluciones ha acabado con la problemática real y los líderes sociales siguen muriendo.

Hasta el momento, la mayoría de los crímenes contra los defensores de derechos humanos se han registrado en el departamento de Antioquia, con 13 hechos, seguido de Valle del Cauca, con ocho asesinatos.

Asesinatos a excombatientes de las Farc:

Indepaz identificó, además, que, en lo corrido del año, han sido asesinados nueve exguerrilleros de las Farc, firmantes del Acuerdo de Paz.

El asesinato más reciente lo denunció el partido político Comunes, el domingo 14 de febrero, se trata de Leonel Antonio Restrepo Arenas, un joven de 23 años que perteneció al frente 34 de las Farc y adelantaba su proceso de dejación de armas en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) del corregimiento La Blanquita, en Frontino, al occidente de Antioquia.

“Lamentablemente, nuestro compañero Leonel Antonio Restrepo también fue asesinado el día de ayer en Cañasgordas, Antioquia. Ya son 258 firmantes de la paz asesinados bajo la mirada cómplice del Gobierno Nacional. Buen viaje Leonel, seguimos en la lucha por la Nueva Colombia”, escribió el partido Comunes en su cuenta de Twitter.

Según los detalles entregados por los miembros del partido político, Restrepo había pasado unos días en Medellín, la capital antioqueña, y, hacia el mediodía del 13 de febrero, decidió volver a Frontino junto a Alexander Mejía, quien también habitaba en La Blanquita y era familiar de un exintegrante de las Farc.

Los jóvenes emprendieron el viaje en moto y cuando transitaban por el municipio de Cañasgordas, fueron interceptados por hombres armados que les dispararon a ambos. Restrepo murió inmediatamente y Mejía alcanzó a ser trasladado a un centro de salud, pero no logró sobrevivir muchas horas.

Con este asesinato, desde que se firmó el Acuerdo de Paz han perdido la vida 258 excombatientes de las Farc.

Presión al Gobierno nacional:

Los múltiples asesinatos de líderes sociales ya traspasó fronteras. La Unión Europea (UE) pidió al Gobierno colombiano ser más eficaz en garantizar la seguridad de los líderes sociales y ambientales.

Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE, exigió “una respuesta eficaz por parte del Estado de Colombia” ante el aumento de los casos de líderes asesinados. Según Borrell, en Colombia se requiere “adoptar medidas de corte estructural” para proteger a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y sugirió que se debería empezar por “la aplicación del acuerdo de paz en su totalidad”.

Adicional a esto, la Contraloría General de la Nación hizo un llamado a la Unidad de Protección Nacional (UNP), por lo que consideró ineficiencia en la asignación de esquemas de seguridad a los excombatientes, que lo han solicitado al ver en riesgo sus vidas. La institución denunció a la UNP por no ser “ágil ni oportuna frente a las necesidades de ex combatientes y líderes sociales del país”, confirmaron a través de declaraciones.

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