Procuraduría responde críticas por una circular que ordena a funcionarios no hablar con los medios

La Procuraduría General de la Nación respondió este sábado 13 de febrero al concepto con el que la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, rechaza la circular en la que la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, ordena a todos los procuradores adscritos al Ministerio Público, en todos los niveles, no ofrecer declaraciones directas a los medios de comunicación colombianos.

A través de un comunicado, la Procuraduría señaló que “este no es un lineamiento exclusivo de la Entidad sino de que es de común aplicación en la gran mayoría de instituciones en este y otros países; y finalmente que dicha circular no es la primera vez que se emite desde la Procuraduría, sino que da continuidad”.

En ese sentido, un reporte de RCN Radio señala que la misma orden ha sido firmada en ocasiones anteriores por los exprocuradores Edgardo Maya, Alejandro Ordóñez y Fernando Carrillo. Sin embargo, señala la emisora, ninguno de esos comunicados establece al Procurador General, y a la oficina de prensa de la institución, como voceros exclusivos de la misma. De hecho, algunas le dan facultades a los procuradores delegados.

No obstante, el comunicado del actual Ministerio Público insiste en que “la Procuraduría General de la Nación comparte la premisa acerca de que la libertad de acceso a la información es fundamental para la garantía de todos los derechos, y que en este orden de ideas no busca y jamás buscará restringirla”.

En ese sentido, explican que la idea detrás de la circular 002 de 2021 es de mantener y fortalecer los estándares de calidad para entregar información clara, precisa y veraz. Esto, dicen, para “proteger a la ciudadanía y a los medios de comunicación de cualquier información falsa o malintencionada que por error o intencionalmente les distribuyan”.

Una mirada detenida al documento, publicado en la cuenta de Twitter de la entidad, demuestra que no hay intención alguna de cambiar la orden dada, por lo que los funcionarios de la Procuraduría a nivel nacional continúan, en este momento, atados a la instrucción que indica que “en ningún caso los procuradores delegados, regionales, distritales o provinciales podrán entregar declaraciones o información periodística a los medios de comunicación. La única vocera institucional es la Procuradora General de la Nación”.

De acuerdo la orden emitida esta semana, los procuradores que lleguen a ser inquiridos por la prensa nacional solo podrían asumir la vocería pública sobre los procesos que adelantan, siempre y cuando cuenten con la autorización de Cabello, que se debe solicitar a través de la oficina de prensa de la Procuraduría y que, a su vez, funge como portavoz oficial del ente regulador frente a los medios de comunicación.

Por ende, la circular ordena a los funcionarios del Ministerio Público que “mantengan debidamente informada a la oficina de prensa sobre la planeación, gestión, y producción de contenidos, campañas estrategias y otros elementos de comunicación institucional en sus diferentes formatos”.

No hay que olvidar el pronunciamiento de la Flip, que expresó su preocupación y señaló que “la estricta coordinación administrativa no es razón suficiente para romper el flujo de información de las labores de la Procuraduría, toda vez que esto afecta la libertad de prensa, el acceso a la información y a las fuentes”.

En un comunicado oficial, la organización dirigida por Jonathan Bock también recordó que todos los organismos públicos tienen la obligación de proporcionar información, sin importar los niveles de gobierno. En otras palabras, se trata de una tarea propia de absolutamente todos los funcionarios públicos, mas no de un privilegio exclusivo de los altos cargos, pues se trata de “un requisito indispensable para el buen funcionamiento del Estado de derecho”.

La Flip también citó una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dada la evolución que ha tenido la pandemia del covid-19, con lo que ello implica en términos de restricciones y virtualidad, recalcó que se debe tener un especial cuidado en los pronunciamientos de los funcionarios públicos. Con ello, la CIDH señaló que se requiere mayor coordinación más no una concentración de la comunicación.

“Así mismo, el principio de transparencia que rige la función pública no es excluyente de los principios de facilitación y de difusión proactiva de la información. Aunque la información esté publicada y sea de libre acceso para los ciudadanos, los funcionarios públicos también deben permitir que se les interrogue frente asuntos de interés público y, especialmente, sobre asuntos que conocen en ejercicio de sus cargos”, señaló la fundación.

Para la misma, cuando una entidad como la Procuraduría, con sede en Bogotá, centraliza la información correspondiente a su actividad de vigilancia, lo que hace es perjudicar en mayor medida a la prensa regional, pues queda más alejada de las fuentes directas y se genera un retraso en la entrega de datos específicos, que se suma a “las ya existentes dificultades para acceder a la información”.

Por dichas razones, la entidad invitó a adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las peticiones de los medios de comunicación y periodistas, inclusive aquellas presentadas en espacios virtuales. Sobre lo anterior, volvió a citar a la CIDH, que aseguró que “las preguntas formuladas en espacios virtuales deben ser respondidas por las autoridades con debida diligencia, debido a que la prensa es el principal canal para allegar cuestionamientos o interrogantes a las autoridades ante la situación de emergencia y aislamiento de la población”.

Adicionalmente, elevó un llamado para que la procuradora General “consolide las mejores prácticas frente al acceso a la información pública, en aras de fortalecer la transparencia de la función pública y velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. La jefa del Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

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