Este viernes 12 de febrero, se conoció que la Sección de Ausencia de Reconocimiento, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), prolongó por 120 días la vigilancia a ‘La Escombrera’ y de ‘La Arenera’, zonas claves en la Comuna 13 de Medellín, donde buscan cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
Así mismo, el tribunal de paz ordenó que la empresa “El Condor S.A.”, que actualmente posee estos terrenos en los que realiza explotación minera, preserve y conserve estos lugares. La Policía será la encargada de hacer la vigilancia a esta zona.
El 12 de agosto de 2020, la JEP emitió la primera medida cautelar para impedir cualquier tipo de intervención en estos dos lotes y ordenó a la Alcaldía de Medellín acordonarlos y conservarlos para que no sean alterados, como lo han sido de manera severa y continua otras zonas aledañas a los perímetros delimitados.
De acuerdo con la Sección, el “Polígono Nuevo” en La Escombrera ha sufrido pocos cambios naturales o por intervención humana. Esto, según expresan los magistrados en el Auto AI 010 de 2020, facilitará la investigación.
El interés que hay sobre esta primera área delimitada se debe a la cercanía con un sector de la base paramilitar que operó en este terreno durante varios años. Es precisamente en ese tipo de zonas donde solían hacer inhumaciones de desaparecidos, de acuerdo con los patrones observados en el marco de los procesos de Justicia y Paz donde declararon múltiples exmiembros del Bloque Cacique Nutibara. Sin embargo, había preocupación por una carretera que atraviesa el polígono y que es transitada por vehículos y maquinaria pesada.
El segundo lote protegido fue identificado como “zona de bajos cambios en la cobertura del suelo”. Se trata de un área que registra un aumento de la cobertura vegetal y que también cuenta con una vía que lo cruza. Se ubica a 44 metros al suroccidente de la llamada Antigua Laguna, que desapareció en 2015 por acción de la explotación minera realizada en la zona denominada ‘La Arenera’. Un hecho lamentable, advierte la Sección, a pesar de la existencia de testimonios que enfatizaban su importancia para el territorio.
Como consecuencia de la medida cautelar, a partir de la expedición de esta decisión en 2020, quedó prohibida cualquier intervención, bien sea de tipo minero o de paso por los lugares mencionados, salvo autorización expresa de la Sección.
“La única forma de garantizar una adecuada intervención antropológica en los polígonos es preservando el mantenimiento de sus condiciones, para lo cual se requiere su cercamiento e impedir, tanto el acceso de personas, vehículos y maquinaria pesada, como el desarrollo de actividades económicas, especialmente la minera”, advierte la Sección en el auto.
Durante el 17 y 18 de julio de 2019, en Medellín se llevó a cabo una audiencia pública donde se recogió información e insumos que permitieran determinar si había riesgos naturales, o por acción humana, en las zonas donde se presume fueron inhumadas personas dadas por desaparecidas en la Comuna 13, en el contexto del conflicto armado.
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales “se presume existen personas dadas por desaparecidas”, entre ellas La Arenera y La Escombrera.
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