El pasado 7 de febrero, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial par la Paz (JEP), publicó un trino respondiendo al presidente Iván Duque, quien dijo, durante la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, que “duele” cuando “se ha invocado la palabra paz trae consigo la palabra impunidad”.
Al respecto, el magistrado Cifuentes publicó un mensaje en el que le deja claro al presidente Duque que no hace parte de sus funciones o competencias decirle a un órgano judicial como la JEP cómo deben ser sus sanciones.
“No es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las Farc (…) son las que consagra la Constitución y la Ley”, dijo el líder de la corporación.
Ante esto, en entrevista con la revista Semana, se le preguntó al magistrado si había intromisión del gobierno Duque en las decisiones que tomaba la JEP. Cifuentes, por su parte, recalcó que es importante señalar los límites del poder político.
“La dosificación de las sanciones solamente las hace un juez a partir de lo que señalan la Constitución y la ley. La tarea de investigación, de ponderación de pruebas y de determinación de las sanciones no es una tarea del presidente de turno. Es competencia soberana de la jurisdicción”, sentenció para el medio impreso.
Semana le preguntó a Cifuentes por las supuestas presiones a militares para cambiar testimonios y si la JEP se encuentra detrás del caso. De acuerdo con el magistrado, se espera que las mismas sean investigadas y sancionadas. “Lo que buscamos en la JEP es que los comparecientes, excombatientes de las Farc, militares y terceros, reconozcan la verdad y asuman la responsabilidad”, afirmó.
El medio señaló a la JEP de que, por la virtualidad, no se le ha dado la cara a las víctimas y que se revictimizan por las negaciones de las FARC frente a la responsabilidad por los crímenes.
“La situación actual, adversa a mayor presencialidad, no ha sido obstáculo para las audiencias con participación activa de las víctimas”, aseveró el magistrado recién posesionado, quien recalcó que es absolutamente falso que el tribunal transicional le haya cerrado la puerta a los afectados por el conflicto.
En la imputación que hizo la JEP a excabecillas de las FARC, se puede ver que el secuestro es mencionado como “toma de rehenes”, lo cual causó dudas entre los detractores del tribunal por un supuesto eufemismo en el caso. “¿Lo que hicieron las FARC no es secuestro?”, cuestionó el medio dirigido por Vicky Dávila.
La respuesta de Cifuentes aseguró que se trata, más bien, de un incremento en la escala de gravedad de acuerdo con el Código Penal y el derecho internacional. “Con el secuestro se procedió en escala masiva a privar de la libertad, y muchas veces de la vida y la dignidad, a la población civil. Por eso, la JEP concluye que es una grave infracción a la luz del derecho internacional humanitario. Un crimen de guerra”.
Incluso, el medio le preguntó a el presidente de la corporación por la “demora” al sancionar, para lo que Cifuentes respondió que es uno de los tribunales más ágiles del mundo. “Estamos ante una tarea ardua, con resultados a la vista”.
El pasado 6 de febrero, la publicación inglesa The Economist resaltó al tribunal y encontró inédito la imputación del pasado 28 de enero. “El sistema de justicia ordinaria de Colombia no hizo eso cuando juzgó en ausencia a algunos miembros de las Farc durante la guerra”.
Finalmente, ante la pregunta que cuestionaba al magistrado si consideraba a las FARC un grupo terrorista, el togado respondió que muchos de los actos que perpetraron lo eran. “(...) Se ha hecho la calificación ante un universo de hechos que tienen que ver con un patrón y una política. Estas son dos calificaciones que comprenden reproches individuales. Usted podría aplicar normas del Código Penal Internacional, pero es más eficaz e indica un índice de mayor reproche cuando se advierte que estamos frente a delitos de lesa humanidad”, culminó.
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