Por desacato a un fallo de tutela, el Juzgado 12 Civil Municipal de Manizales emitió una orden de arresto contra el gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velásquez; el director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia, y Jorge Alirio Ortega, presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Según la titular del juzgado civil, Andrea Milena García Gálvez, estos funcionarios habrían desacatado un fallo de segunda instancia, proferido el pasado 15 de diciembre por el Juzgado Primero Civil de la ciudad, razón por la que les impuso la sanción de arresto por 10 días. La tutela fue presentada por Luis Ernesto Ayala, un funcionario provisional de Territorial de Salud, quien fue desvinculado de su cargo faltando poco tiempo para que se pensionara.
Ayala interpuso la tutela considerando que se le habían vulnerado sus derechos después de haber trabajado más de tres décadas en la entidad de donde los despidieron sin justa causa, argumento con el que coincidió el juez del Juzgado Primero Civil, quien ordenó el reintegro a las labores dentro de la entidad al accionante.
Lo que explican las autoridades es que el cargo que ocupaba Ayala salió a concurso, pero como a él solo le faltaba un año para pensionarse, la entidad debía anotar en la convocatoria que Ayala tenía condición de “prepensionado”. Con esta anotación, quien ganara el concurso para ocupar el puesto de Luis Ernesto sabría que debía esperar a que la entidad respetara el derecho a cumplir el tiempo de jubilación que le faltaba a Ayala.
El error que cometieron desde la Territorial de Salud fue precisamente no hacer esa anotación, razón por la que quien ganó el concurso reclamó inmediatamente el cargo de Ayala. La santandereana que se quedó con el puesto solo duró un mes en el cargo y renunció, entonces la oficina dio el puesto a quien quedó en segundo lugar en el concurso, esto sin tener en cuenta el fallo que ya había sido proferido en el que les ordenaban reintegrar a Ayala para que cumpliera con el tiempo que e faltaba para jubilarse.
Por esta razón, la jueza Andrea Milena García Gálvez consideró que los funcionarios incurrieron en desacato y ordenó su arresto por 10 días. Además, Velásquez, Heredia y Ortega también deberán pagar la cantidad de 125 UVT (Unidad de Valor Tributario), equivalentes a 4.538.500 por haber incumplido con la orden y que deberán ser consignados en una cuenta especial del Banco Agrario de Colombia.
Ante esto, la Gobernación del departamento y la Dirección Territorial de Salud informaron que cumplirán con los fallos y explicarán lo sucedido en el concurso por el cargo de Ayala. Según ellos, el señor Luis Ernesto hizo parte del Proceso Público de Selección número 698 de 2018, por el cual se concursaba el cargo que ocupó durante varios años en provisionalidad, pero no alcanzó el puntaje necesario para clasificar a la lista de elegibles.
“Un colaborador de la entidad que llevaba más de 20 años, y que se encontraba nombrado en provisionalidad cursó las etapas del concurso de méritos sin lograr obtener un puntaje que lo clasificara en la lista de elegibles. Así las cosas, la lista de elegibles quedó conformada por otros profesionales que superaron con éxito todas las pruebas, bajo el principio de mérito”, se lee en el comunicado de ambas partes.
Resaltaron que la persona que ganó el concurso y se retiró un mes después del cargo lo hizo por motivos de salud y que, después del retiro de esta, ellos ubicaron en el lugar al accionante Ayala en el mismo cargo, hasta que la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizara a hacer uso de la lista de elegibles. Cuando la Comisión lo permitió designaron en el cargo a la persona que ocupó el segundo lugar, pero esta persona no aceptó el cargo.
La Gobernación y Dirección Territorial de Salud informaron en el comunicado al respecto de la orden del Juzgado 12 Civil Municipal de Manizales que, a pesar de las inconsistencias que presenta este fallo, procederán a darle cumplimiento, “pese a no existir cargos disponibles dentro de la planta global de la DTSC de igual o superior jerarquía ni condiciones presupuestales para crear nuevos cargos”.
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