Líder comunal de Cáceres, Antioquia, es judicializada por supuesto nexos con ‘Los Caparrapos’

El Juzgado Promiscuo municipal de Tarazá ordenó imponer medida de aseguramiento domiciliario a Aída Cecilia Silva Algarín, presidenta de la junta de acción comunal del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, por supuestos nexos con la organización criminal ‘Los Caparrapos’.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, la presidenta de la acción comunal habría coordinado el envío de víveres a miembros del grupo disidente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), que operan en esta región al noroccidente de Colombia.

A su vez, la Fiscalía señaló que la mujer sería la responsable de entregar información ilegal a los integrantes de ‘Los Caparrapos’ acerca de los movimientos de las tropas de las Fuerzas Armadas en esta región.

La presidenta de la acción comunal, quien no se allanó a los cargos imputados por las autoridades fue capturada el pasado lunes 8 de febrero en una operación entre el Ejército nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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Según el órgano investigador, la medida domiciliaria fue apaleada por el fiscal que lleva el caso, quien solicitó una medida restrictiva de la libertad en centro carcelario por ser presuntamente la responsable de este delito.

Tras una reunión en Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño, entre las fuerzas militares, la Policía Nacional, y el equipo directivo de la Fiscalía General de la Nación, a la cabeza de Francisco Barbosa Delgado, en la que se discutió respecto a las acciones importantes a tomar para combatir la criminalidad organizada del país, se llegaron a conclusiones como la creación de Argenta, una misión que pretende atacar, directamente, al patrimonio de bandas criminales que han adquirido sus ganancias financieras como consecuencia de su actuar delictivo.

Esta misión llega en paralelo a la ‘Campaña Aquiles’ creada para le persecución y desmantelamiento del Clan del Golfo, Los Caparros, y otros grupos al margen de la ley que tienen sometida a la población bajo el terror, y la ‘Campaña Atlas’, creada con el fin de cerrar los corredores de salida de mercancía estupefaciente desde las costas del Pacífico del territorio nacional, con destino a Estados Unidos y países centroamericanos.

Desde la zona Rural de Francisco Pizarro, en Nariño, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa puso en marcha la estrategia Argenta que, dentro de sí, tiene puntos específicos para afectar las finanzas de los grupos criminales que delinquen allí, “irá acompañada de actividades investigativas con fines de extinción de dominio, acciones focalizadas para develar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros productos de su actuar”, se lee en el documento publicado por ese ente investigativo.

De acuerdo con lo dicho por Barbosa, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía logró imponer medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 20 bienes, avaluados en más de 2.500 millones de pesos, que, según la investigación, pertenecerían a una estructura ilegal responsable del crimen de 8 personas, en la vereda Santa Catalina de Samaniego, en Nariño.

Según lo revelado por la Fiscalía, una de las casas que pudieron quitarle a esa organización habría sido utilizada para planear una acción criminal ocurrida el 15 de agosto de 2020.

Algo parecido sucedió con la estructura criminal conocida como ‘Los Contadores’, luego de un operativo para darle fin a sus delitos, las autoridades lograron atacar una de sus principales fuentes de financiación: un laboratorio ubicado en la zona selvática de Tumaco, en un sector conocido como El Guabal.

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