Tribunal precluyó caso de autopréstamos en el que estuvo involucrada Silvia Gette

Por vencimiento de términos, el Tribunal Superior de Barranquilla precluyó el proceso sobre el caso de los autopréstamos que presuntamente realizó Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe.

La cifra superó los mil millones de pesos, ejecutados sin consultar con la junta directiva de la institución educativa, que remitió el caso a las autoridades competentes.

Sin embargo, Gette, quien cumple prisión domiciliaria, cuenta con un proceso abierto por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Y otro por manipulación de testigos.

Crónica de una prescripción anunciada

La imputación de cargos fue proferida por la Fiscalía General de la Nación en 2015 por la presunta comisión del delito de abuso de confianza calificado, ante lo que Gette declaró su inocencia.

El fiscal asignado al caso emitió la siguiente declaración en ese año: “Gette era consciente del delito en el que incurría por tener plena facultad de sus capacidades mentales, su calidad de abogada, por ser mayor de edad y su posición distinguida en el centro universitario”.

Pero el tiempo corrió a favor de la exrectora, cuyo equipo de abogados solicitó en 2020 la preclusión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla porque el caso había prescrito sin avances por parte de la Fiscalía.

A pesar de que el Tribunal negó el recurso en octubre del año anterior, fue en segunda instancia que los magistrados accedieron a la solicitud de la defensa.

No obstante, el mismo Tribunal había considerado que el delito por el cual fue acusada la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe contaba con un agravante y era que Gette cumplía con un servicio público al momento de la formulación de cargos.

Por lo anterior, argumentaron los magistrados, el tiempo para la prescripción de la acción penal era de 81 meses. Al momento de la solicitud del recurso, solo habían transcurrido 62 meses.

La funcionaria judicial que admitió la prescripción fue quien observó que el proceso ya estaba prescrito, dado que la Fiscalía nunca señaló la condición de servidora pública de Silvia Gette Ponce al momento de sus descargos. Incluso señaló que el Juzgado Décimo Penal del Circuito se habría extralimitado en sus funciones al omitir esta observación.

Para la abogada defensora, Bianith Bohórquez “La juez pretendía adicionar una circunstancia de agravación porque Silvia Gette era servidora pública. Esto fue un objeto de debate porque la Universidad Autónoma del Caribe es una institución privada y todos sus directivos no son servidores públicos. Por eso se extendió el proceso y no se llegó a una decisión final”, dijo la abogada defensora.

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La representante de Gette señaló que “habrá una sanción en contra del Estado por no cumplir en el término establecido en la ley para la judicialización”.

El caso de los “autopréstamos” precluye porque el ente investigador no respetó los cuatro años y seis meses para investigar y condenar a Silvia Gette.

Mientras la exrectora espera veredictos por los otros casos en los que está involucrada, el Tribunal Superior de Barranquilla emitió una advertencia al Juzgado que negó la prescripción en primera instancia: “como quiera que se trata de una acción penal pifiada por prescripción en una presumible falla o negligencia de funciones de la Rama Judicial o de la policía judicial, es decir, de servidores públicos” y advirtió que procedería a investigaciones en contra de dichos funcionarios.

Silvia Gette Ponce (Argentina, 1951) fue rectora de la Universidad Autónoma del Caribe y una figura influyente en medios políticos y sociales del norte del país; contó con una columna de opinión en La Libertad, prestigioso diario de la región, y amiga íntima de figuras políticas de la Costa Atlántica.