Resguardos indígenas del Urabá antioqueño se movilizarán este jueves para exigir protección estatal

Cada vez más poblaciones en Colombia protestan para que se les respete sus derechos humanos, en medio del recrudecimiento de la violencia que azota al país. Las comunidades indígenas de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, ubicados en el municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, protestarán este jueves 11 de febrero para exigir que el Gobierno, tanto nacional como local, los proteja de los grupos armados.

“En nuestros llamados hemos sido enfáticos en señalar que los pueblos y territorios indígenas deben ser escenarios de paz y rechazamos la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales”, manifestó Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

El vocero explicó que, los indígenas no pueden transitar por sus territorios tranquilamente porque temen ser víctimas de minas antipersona. Esta situación ya había sido denunciada el 7 de febrero, cuando la misma OIA informó que 2.000 personas de estos resguardos tuvieron que confinarse porque actores armados ubicaron explosivos en el camino que conecta a las dos comunidades.

Así mismo, denunciaron que en Dabeiba, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo enviaron panfletos a la población en los que les ordenaban no volver a desplazarse hacia los cultivos porque sus vidas estaban en riesgo por las minas. Fueron 26 los resguardos amenazados. Y las denuncias indígenas apuntan que las escuelas, que por la coyuntura de la pandemia han permanecido cerradas, son algunos de los espacios donde se ubican estos artefactos explosivos.

“Esta es, sin duda, una nueva amenaza que nos pone en grave riesgo de desplazamiento y desabastecimiento, pues las minas antipersona han sido instaladas cerca nuestros cultivos de pancoger”, se lee en un comunicado emitido por la organización.

La alerta de la OIA indicó que esta situación no es nueva, pues vienen denunciando que subversivos están intentando “romper el proceso organizativo de las comunidades” desde mediados de 2019. Además, no solo sucede en los resguardos indígenas de Murindó y Dadeiba, sino también en los municipios de Urrao, Frontino y Vigía del Fuerte.

La OIA exige que se haga un desminado humanitario urgente en estos territorios, pero el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó que esto no es posible por el momento debido a la presencia de grupos armados en la zona. La alternativa del mandatario es realizar un desminado militar, idea que apoya el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz Mateus.

El gobernador y el militar calificaron la situación como un crimen de lesa humanidad y aseguraron que se están adelantando operativos para proteger a la población civil, pero Espitia insiste en realizar el desminado humanitario, pues así la comunidad “estaría más tranquila’'.

Además, en el comunicado mencionado, los indígenas exigieron al Gobierno nacional convocar con urgencia una misión de acompañamiento a las comunidades afectadas y solicitaron ayuda humanitaria, debido al desabastecimiento. Han pasado cuatro días y las autoridades no se han apersonado de su situación, por eso decidieron movilizarse el jueves.

De igual forma, las comunidades indígenas de Guagua, Isla, Coredó, Bachidubi, Ñarangue, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto, Chibugadó y Chimiadó del pueblo Embera Eyábida, se declararon en Minga Permanente junto a los resguardos Río Murindó y Río Chageradó.

Es importante recordar que, este panorama violento que se vive en el Urabá antioqueño es propiciado por estructuras armadas ilegales como las AGC, Los Caparrós y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se disputan el control de esa subregión. Esta zona es muy importante para los delincuentes porque es un punto estratégico para realizar actividades relacionadas al narcotráfico y de minería ilegal.

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