El crudo informe sobre la situación de seguridad de los líderes sociales en Colombia elaborado por la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HWR), generó un fuerte reacción por parte del Gobierno nacional, que en las últimas horas buscó reunirse con el director ejecutivo de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco.
La misma, celebrada esta tarde, fue confirmada por el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien se encargó de representar a la Casa de Nariño, así como de mostrar, según informó a través de su cuenta de Twitter, “los resultados del Gobierno del presidente Iván Duque en la protección de líderes sociales y la protección efectiva de los Derechos Humanos en Colombia”.
Vale recordar que Vivanco ha sido, en numerosas ocasiones, un férreo crítico de la gestión del gobierno Duque en términos de seguridad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Si bien en esta ocasión calificó la respuesta estatal como “lenta y deficiente”, agregando que “el asesinato constante de líderes sociales constituye un fracaso para el Estado colombiano”; fue el mismo directivo el que a inicios de este año aseguró que “en Colombia se levanta una piedra y sale un sicario”.
Curiosamente, dicha declaración, claramente polémica, no generó una respuesta tan eficaz por parte del Gobierno colombiano como si lo hizo el más reciente reporte, al provocar no sólo la reunión entre un alto funcionario del Estado y el líder de la ONG en la región, sino también las declaraciones de otros miembros del gabinete gubernamental.
En ese sentido, se destacó lo dicho por la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien advirtió que “el Gobierno no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”. También señaló que, “además de la contundencia contra las estructuras criminales y los avances en materia de justicia, se sigue trabajando en la consolidación de la institucionalidad del Estado en las regiones más afectadas por la violencia”.
No obstante, Vivanco se mantuvo firme en su posición. En una publicación hecha a través de su cuenta de Twitter tras finalizar la reunión con Palacios señaló que aunque durante la misma destacó los esfuerzos de la UNP y resaltó la importancia de fortalecer la protección colectiva y la respuesta a las alertas tempranas, entre otras medidas, “Colombia debe hacer mucho más para evitar los asesinatos de defensores”.
A continuación, reforzó su postura informando que “Recién tuve una excelente reunión con la Misión de la ONU en Colombia, que expresó su acuerdo con los principales hallazgos y recomendaciones de nuestro informe”.
Esta última organización también tuvo una reunión con Palacios, en la que se socializaron la agenda de paz con legalidad que realiza el Gobierno nacional en este momento, así como la atención de alertas tempranas y seguridad de los excombatientes. Sobre esta última, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión dijo que “reiteré apoyo de Misión de la ONU en Colombia para superar retos y avanzar en la implementación”.
Vale recordar que, de acuerdo con las cifras de la ONU, los asesinatos de líderes sociales y precursores de los derechos humanos aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019; en 2020 documentó otros 53 casos y está verificando 70 más. Al respecto, HWR señaló que ”El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”.